Cómo adoptar un niño y no morir en el intento

Publicado el 12 septiembre, 2010 por Julio César Ruiz

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Mila Dosso

Diario norte.com

Domingo, 12 de Septiembre de 2010 – 04:00

“La Ley 24.779, que regula el instituto jurídico de la adopción, tan sólo efectúa entregas legales de niños en un 25%. El resto, es decir el 75%, son circulaciones, negociaciones, intercambios y trueques de bebés y niños pequeños por mafias, cuyos dividendos son increíblemente altos y colocan esa industria en el tercer lugar en importancia, después del trafico de drogas y la venta de armamentos”

En el Chaco —como Formosa, Misiones y otras provincias de vastas regiones argentinas, donde el infortunio de la miseria se ha enseñoreado al amparo de la ambición, la codicia, el fanatismo y la corrupción— florece una gran industria:la industria de bebés.

Allí asientan una pata importante de su aberrante negocio las mafias que trafican niños, cuya otra pata descansa plácidamente en la desesperación de parejas que desean un hijo y no encuentran respuestas en el sistema legal de adopciones.

Los embarazos no deseados, los abortos, la venta y el robo de niños recién nacidos son parte del mismo esquema. Son claves para el funcionamiento de las bandas delictivas. Las niñas-madre en situación desesperante, cuando no pudieron abortar, tienen la chance de vender a sus hijos, aportando dinero a la primera fase del negocio.

Esta dantesca —aunque oculta— realidad, se cimenta en una perversa concepción cultural: “Los niños crecen mejor con familias pudientes”, contrariamente a lo que alguien podría esgrimir: que en realidad, los niños se crían mejor con su papá y su mamá.

Y los pobres, con sus mujeres especialmente niñas y adolescentes, si se niegan o no entregan a sus bebés a requerimiento de los compradores – que los prefieren recién nacidos -, sienten que sobre ellos cae la maldición eterna y la certeza infinita del infierno, por el egoísmo de darle una vida miserable a su propio hijo habiendo tenido la posibilidad de ofrecerle un destino dichoso.

En este negocio, por acción o por omisión, están involucrados —como intermediarios— parteras, médicos, directores de hospitales, policías, jefes de registros civiles, jueces de paz, abogados, funcionarios judiciales, legisladores, escribanías, miembros de los poderes del Estado…

Toda una infraestructura para facilitar la impunidad y rentabilidad de un negocio que vuelve muy fácil que cualquiera que desee “adquirir” un niño se radique en un hotel de la zona y, a las pocas horas o días, le entreguen el producto en su habitación. Se venden como pan caliente, recién horneaditos…

El tráfico y la intermediación son los motivos fundamentales por los cuales los aspirantes a adoptar que optaron por la legalidad tienen demoras de hasta diez años.

El problema con la intermediación es que no figura como delito en el Código Penal. Este vacío legislativo es un problema grave. Sucede cuando la persona que interviene como nexo entre la madre y los adoptantes lo hace a cambio de dinero, con medios disuasivos o de presión.

Vacíos legislativos

“La Ley 24.779 que regula el instituto jurídico de la adopción en todo el territorio de la Nación, tan sólo funciona y efectúa entregas legales de bebés en un 25%. El resto, el 75%, son circulaciones, maniobras, especulaciones y trampas utilizadas por mafias distribuidas en tres fábricas de bebés de nuestro país para ubicar, de modo privado, a niños que cumplen roles de hijos dentro de la Argentina o en Europa, donde se comercializan a más de 80.000 euros.” (Fundación Adoptar).

Muchos de ellos son utilizados en industrias más redituables, como la pornografía infantil, la prostitución, la explotación laboral, la mendicidad, la utilización de sus cuerpos para el traslado de estupefacientes, entre otras manipulaciones aberrantes.

La lentitud o inacción efectiva de la Ley de Adopciones, en orden a que el terreno legal fue usurpado por traficantes, genera el efecto de que cada vez llegan menos bebés a los juzgados para ser dados en adopción, y ello cierra el círculo perverso y la frustración de las esperas interminables de quienes, creyendo en la ley, se inscribieron en los registros de aspirantes del país.

Otro “detallecito” no menor que hay que tener en cuenta, es que las adopciones en la Argentina demoran entre dos y diez años. Sus señorías, los jueces, no parecen comprender que el reloj biológico de los niños no es el mismo que el de los adultos. Y pese a tener el Ius Imperium para otorgarles una mejor calidad de vida, no lo hacen.

Entre otras razones, porque los juzgados de familia, a los cuales les compete la resolución sobre la adopción, atienden a la vez divorcios, separaciones de hecho, separaciones de bienes, escrituraciones, declaración de herederos, separación de patrimonios, pensiones alimenticias, herencias, demandas por alimentos, y 900 mil expedientes más.

Entre ellos, en algún cajón, o debajo de alguna desordenada pila, hay uno que generalmente nadie ve (¿será porque no regula honorarios para ningún profesional?).

Ése, justamente, es el expediente de algún un niño confinado en un albergue del Estado o que vive en la calle, un mundo que no conoce, un mundo hostil, un mundo en el cual vive con la angustia e impotencia de no hacerlo tomado de la mano de un papá y una mamá.