La Trata de Personas en Latinoamérica

Publicado el 11 julio, 2011 por Julio César Ruiz

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Por Domingo Schiavoni

La trata de personas y el turismo sexual en nuestra Latinoamérica

Los aberrantes casos de ventas ilegales de bebés recién nacidos o a punto de nacer, que registran a la ciudad y los alrededores de Añatuya como un enclave predilecto para estos lacerantes delitos, encuentran su correlato en la sorpresiva desaparición de adolescentes o púberes que los grandes cárteles de la prostitución se llevan año a año dependidos pueblos del interior de Santiago del Estero para incorporarlas a sus lenocinios de la grandes ciudades, donde no sólo alcanzan la condición de verdaderas esclavas sexuales, sino que reciben una paga miserable con la que apenas pueden comer y vestirse, además de perder para siempre la identidad porque hasta los nombres le son cambiados por sus captores.

Cuando uno lee estas repetidas denuncias en los diarios cree que vivimos en un terrorífico Macondo, sin advertir que éste es apenas un caso emblemático en el interior de una de las provincias mediterráneas del país, sostenido por la complicidad de jueces indolentes y corruptos, médicos y policías, y no advierte que el fenómeno abarca a muchas ciudades y países de América Latina, como una peste siniestra muy difícil de erradicar.

En un verdaderamente terrorífico informe producido por nuestro colega Maximiliano Sbarbi Osuna, en el sitio web Observador Global.com, se destaca que el reciente documento “Trata de Personas 2011”, presentado por Washington, muestra un panorama recortado de la esclavitud y la explotación de personas en América Latina. Aunque ONG independientes afirmen que en Latinoamérica hay 5 millones de personas obligadas a prostituirse y a realizar trabajos forzosos, el documento omite la responsabilidad de Estados Unidos de controlar a las redes que operan en su frontera con México y de desbaratar a los promotores del turismo sexual.

Anualmente unas 250.000 personas se convierten en nuevas víctimas de explotación en América Latina y el Caribe. Según la agencia de noticias AP, varias cancillerías latinoamericanas expresaron su repudio a la parcialidad de la investigación “Trata de Personas 2011”, presentado días atrás por el Departamento de Estado de Estados Unidos, dado que permite entrever los fines políticos que hay detrás del documento. Más allá de la gravedad de las cifras y del poder de las redes de trata en todo el continente, el informe omite presentar una parte importante del problema: el ingreso ilegal de niños, mujeres y hombres a Estados Unidos en donde son forzados a ejercer la prostitución y son sometidos a trabajos forzosos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de México, anualmente unas 250.000 personas se convierten en nuevas víctimas de explotación en América Latina y el Caribe, con una ganancia estimada de 1.350 millones de dólares para las bandas. Por su parte, cifras aportadas por la ONG Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe indican que más de cinco millones de personas han sido atrapadas por redes criminales y otras 10 millones se encuentran en peligro. El informe presentado por el Departamento de Estado aporta cifras similares y focaliza el origen del problema en la corrupción de jueces y funcionarios, complicidad policial, fronteras porosas y la relación de este delito con los cárteles de la droga.

Además, señala como las principales víctimas a las clases pobres, que son más vulnerables frente a la explotación sexual y a los trabajos inhumanos, aunque las mujeres y adolescentes de clase media también suelen caer en engaños, como propuestas laborales tentadoras, en las que se deben desplazar de su ciudad, para luego caer en las redes de tráfico. Asimismo, crítica la baja cantidad de condenados por delitos relacionados con la trata de personas en la región y destaca que la atención a las víctimas recuperadas continúa siendo deficiente.

De acuerdo con ese fatídico informe, en México unas 20.000 personas son víctimas de la explotación anualmente, pero sólo tres responsables han sido condenados en el Distrito Federal el año pasado. En el estado de Tamaulipas, varias personas son llevadas desde el resto del país para explotarlas sexualmente allí, pero la mayoría cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Según estadísticas oficiales, sólo el 64% de las víctimas de la trata son mexicanos en Tamaulipas; el resto son centroamericanos. En tanto, las autoridades identificaron por lo menos 47 bandas dedicadas a esta actividad criminal y que además combinan el tráfico de personas con la venta de drogas.

El cuestionado informe oficial presenta graves omisiones. Si bien el análisis que proporciona la investigación refleja una dura realidad difícil de combatir, por lo enquistadas que están las bandas dentro de los gobiernos latinoamericanos, no deja de ser peligrosamente tendencioso. Establece tres niveles de países. En el primero, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá y Colombia, se ubican las naciones que cumplen con los estándares mínimos de seguridad ante el secuestro y el tráfico de personas. En la segunda categoría se encuentran la mayor parte de los países latinoamericanos, que no cumplen con los requisitos mínimos para combatir la trata, pero que han realizado progresos en este sentido. Este es el caso de Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay. El año pasado, Argentina, se encontraba en la segunda categoría, pero con reservas. En este informe, continúa en el mismo escalafón, pero destacada como que ha redoblado los esfuerzos.

Un solo ejemplo basta para ratificar la gravedad y universalidad del problema: una investigación estadística realizada hace dos semanas por el sitio web salteño Iruya.com informa que en cuatro prostíbulos allanados en la ciudad norteña de Orán se hallaron 35 jóvenes santiagueñas ejerciendo el comercio sexual ilegal. La mayoría provenía de poblaciones del interior cercanas a Frías y a Bandera. Unas pocas fueron capturadas mediante engaños y llevadas directamente a esa ciudad, en tanto que otras recibieron previamente un prolongado entrenamiento en el oficio de parte de sus “bienhechores” en casas de citas de la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. El portal digital descubrió la conexión entre la prostitución de adolescentes y la ominosa trata de personas mayores, porque muchas de esas jovencitas refirieron que fueron tentadas para que sus familiares mayores, algunos ya ancianos, se incorporaran a trabajar en los talleres-cárceles clandestinos de hilandería y costurería que maneja la mafia china en los suburbios de Buenos Aires, ante la total pasividad policial y judicial.

En el tercer nivel se encuentran de manera notoria países cuyos gobiernos tienen muy malas relaciones con Washington, como por ejemplo Cuba, Venezuela e Irán. No es que allí no se combata la trata, sino que varios países como Colombia o el mismo Estados Unidos no deberían estar situados en la primera categoría. En Colombia, el reclutamiento forzoso de niños de familias pobres por guerrillas de izquierda y paramilitares supera en número a los de cualquier país del continente. Por su parte, Estados Unidos, se exime a sí mismo de la condena, pero el amplio mercado de consumidores norteamericanos, de mujeres y niños para la explotación raptados o captados con engaños, se cuentan por miles.

La diputada mexicana Rossy Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha Contra la Trata de Personas del Congreso Federal, afirmó que en los últimos años a través de Tamaulipas han pasado entre 100.000 y 300.000 niños para ser explotados sexualmente en Estados Unidos. Las conclusiones de la funcionaria, que se basó en investigaciones del Congreso de México, apuntó contra el turismo sexual que ejercen norteamericanos, europeos y los mismos mexicanos en ciudades turísticas como Acapulco y Cancún, y en las fronterizas del norte como Tijuana y Ciudad Juárez. Por otro lado, hay varios casos de robos de niños en Haití, luego del terremoto de enero de 2010. Por ejemplo, un grupo de diez estadounidenses fue detenido al cruzar la frontera de la República Dominicana con 33 menores haitianos secuestrados.

En conclusión, el informe juzga las deficiencias inocultables de este gravísimo delito en América Latina y ofrece posibles soluciones, pero al mismo tiempo evita referirse a la responsabilidad que le toca a Estados Unidos, que debería redoblar los controles para evitar el tráfico de niños y mujeres para prostituirse en su territorio y de hombres que trabajen como esclavos. Además, debería perseguir más a las redes que operan en Estados Unidos y combatir a los que ofrezcan turismo sexual en el territorio norteamericano y que ofrezcan viajes para ese fin a otros países, como por ejemplo México, Brasil y Sudamérica.