1er Congreso AntiMafia y Crimen Organizado

Publicado el 12 mayo, 2013 por Julio César Ruiz

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Los días 3, 4 y 5 de abril del año 2013, Fundación Adoptar, concurrió y disertó, por invitación de Fundación La Alameda en el Primer Congreso Antimafia y Crimen Organizado, que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires UBA de la (República Argentina)

Mostramos a continuación una pequeña síntesis de lo tratado por paneles excelentes, de nivel nacional e internacional, que se juntaron para crear finalmente, a expensas de Fundación La Alameda, una Red AntiMafia con organizaciones adheridas en cada una de las provincias argentinas.

La apertura del Congreso, estuvo a cargo de Gustavo Vera, Presidente de la Fundación La Alameda, anfitriona de este evento internacional y el Dr. Mario Gánora, vicepresidente de dicha ONG.

El interés del Papa Francisco en este Congreso

ESTE CONGRESO TRATÓ DATOS ESCALOFRIANTES DE UN PAÍS IMPUNE

Video Apertura del Congreso a cargo de Gustavo Vera

Video Exposición del Dr. Mario Ganora Medidas urgentes

Video, explotación labora a cargo de Gustavo Vera


Doisertación de Julio César Ruiz de Fundación Adoptar sobre el crimen organizado en la pornografía y la prostitución infantil, el tráfico y la trata de bebés. Delincuentes autóctonos.

Paneles del segundo día

Disertación de Pino Solanas – Delitos contra el ambiente y el Crimen Organizado

Medio millón de personas esclavizadas en el país, 78% de la industria textil con talleres clandestinos y sólo 5% de las causas de drogas elevadas a juicio. Durante el segundo día del Congreso contra la trata y el crimen organizado especialistas brindaron un panorama nacional e internacional en esta materia.

Droga y crimen organizado

“Sólo 5% de las causas por infracción de la ley de estupefacientes se eleva a juicio, lo que refleja la desidia y la incapacidad del Estado en la investigación de delitos complejos”, precisó Virginia Di Filippi, Secretaria de la Fiscalía Federal N 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además alertó que “en todas las causas siempre hay fuerzas de seguridad implicadas”. Continuó con su disertación Alicia Romero, referente de Madres contra el Paco de Bs As: “No existen comunidades terapéuticas aptas para internar a los chicos” y se preguntó: “¿quién se hace cargo de nuestros hijos?”.

“La Argentina ha desarrollado un sistema de absoluta impunidad”.

Si no fuera por los esfuerzos de la sociedad civil, hoy estaríamos en circunstancias peores”, resaltó Sebastián Cinquerrui, Diputado de la Provincia de Buenos Aires (MC). Y concluyó: “Hace falta decisión política”. Liliana Bettiolo, Prosecretaría  Fiscalía Federal 1 de Rosario afirmó: “Para que haya crimen organizado debe haber connivencia de funcionarios públicos”. José María “Pepe” Di Paola, cura villero pidió “no criminalizar al adicto e incluirlo en el sistema de salud, educación y capacitación”. Dijo que “la ausencia prolongada del estado ha hecho más frágil la vida de los chicos y la gente”, y llamó a “seguir trabajando por un país sin drogas ni marginación”.

Lavado de dinero

Eduardo Blanco, Auditor en Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) dijo que en el mundo se blanquearon 70% de las ganancias ilícitas mientras que sólo se incautó un 1%. Asimismo aseguró que luego de Kenia, Estados Unidos es el país en el que se accede más fácilmente a sociedades fantasmas. “En Delaware existen 800.000 habitantes y 900.000 sociedades” ejemplificó. Siguió Alfredo Popritkin, ex perito de la Corte Suprema, titular de la ONG Contadores Forenses quien dijo que debe haber “decisión de investigar estos casos para avanzar”. Carlos Gonella, titular de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se refirió al “desafío de las universidades públicas frente al déficit en la defensa de las causas populares”.


Legisladores contra el crimen organizado

“Los delitos ambientales son de lesa humanidad”, alertó Pino Solanas, diputado nacional por Proyecto Sur. “Existe un pacto de impunidad con la justicia federal que se convirtió en el instrumento del poder político. No hay leyes que amparen a los ciudadanos de esta clase de crímenes”, finalizó. María Luisa Storani, diputada Nacional por la UCR aclaró que “el crimen organizado no es responsabilidad exclusiva de la clase política” mientras que la diputada Lilita Carrió (CC, ARI) fue tajante: “El jefe del narcotráfico de este país es el Señor Aníbal Fernández” y completó: “El silencio, el voto y la cobardía son cómplices del Crimen Organizado”.

 

Lilita Carrió: “El jefe del narcotráfico de este país es el Señor Aníbal Fernández” y completó: “El silencio, el voto y la cobardía son cómplices del Crimen Organizado”.

Experiencias de combate contra el crimen organizado en el mundo

Doris Lee, militante de Derechos Humanos y coordinadora de la marca global y libre de trabajo esclavo No Chains (Hong Kong) se refirió a la situación de esclavitud doméstica en la región. León Valencia, Director de la ONG Nuevo Arco Iris (Colombia), detalló que en 30 años de conflicto armado en Colombia hubo 801.000 homicidios. Moisés Matto Lopéz, miembro fundador de la Plataforma “A desalambrar” (España), denunció la construcción de un nuevo casino que convertirá a España en el “foco del juego  y prostitución de Europa”. Asimismo, precisó: “Hace 3000 años, el valor de un esclavo estaba entre los 20.000 y 80.000 dólares cuando en la actualidad vale la décima parte”, reflejando la evolución de este “proceso mafioso”. Antonio Dell’ Olio, coordinador del área internacional la Red Antimafia Italiana Libera, cerró el panel refiriéndose al comportamiento de numerosas multinacionales “que no respetan los derechos de los trabajadores o le piden respaldo al crimen organizado”.

Mesa de legisladores

Trata con fines de explotación sexual y crimen organizado

Participaron del panel Sara Torres, miembro de CATW LAC, Red no a la Trata y Mujeres Migrantes; Mercedes Assorati, coordinadora General ESCLAVITUD CERO; María Amelia Chiofallo, Secretaría de Prevención de Trata de Personas de Córdoba; Diana Maffia, ex legisladora, filósofa y directora del Observatorio de Género en la justicia y Fernanda Gil Lozano, dirigente de la Coalición Cívica, Diputada nacional (MC). Durante el mismo, se denunció la complicidad del Estado y la impunidad de los funcionarios públicos involucrados. Assorati explicó que las redes no tienen autonomía organizativa por lo que dependen del Estado para funcionar, dijo citando un informe de la Ufase. Gil Lozano concluyó: “Todavía no hay decisión política contra el crimen organizado”.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Gustavo Vera y Mario Ganora, Presidente y Vicepresidente de la Fundación Alameda. “En la Argentina, medio millón de personas viven esclavizadas y 78% de la industria textil posee talleres clandestinos con trabajo esclavo.  En el sector agrícola este porcentaje alcanza un 60%”, precisó Verá, quien además dijo que el país supera la media de Latinoamérica en consumo de cocaína (2,6%) y denunció “la mafia que atraviesa los tres poderes del Estado en todas las jurisdicciones”.

Adhieren Fundación Avina, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , la Confederación General del Trabajo (CGT), Coalition, No-Chains, Vinculación Ciudadana, Nuevo Derecho, Agenda Oculta y Esclavitud Cero.

Mesa de Capitalísmo

Votación para la aprobación de la Resolución Final del Congreso

Haciendo clic AQUÍ, podrá observar los videos de todas las disertaciones

Resolución final del Primer Congreso Antimafia y Crimen Organizado

Las conclusiones del encuentro dieron lugar a la necesidad de conformar una Red Antimafia Nacional en base a diagnósticos y propuestas consensuadas en asamblea general. En su primer asamblea general realizada el 5 de abril al final del Congreso sobre Trata y Crimen Organizado, se consensuaron los siguientes puntos para comenzar a caminar en común en la red. Estos puntos que son demandas y tareas, son perfectibles y sujetos a ampliaciones en próximos congresos. Es apenas un primer paso para avanzar.

1.-Aprobación de una ley contra organizaciones criminales de tipo mafioso (conforme la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional), que contemple la incautación de todos los bienes utilizados para la comisión de este tipo de delitos y de los adquiridos en base a las ganancias producidas por las mismas organizaciones a lo largo del tiempo. Los bienes deben ser administrados por una dependencia estatal para su reutilización social y  para la reparación y asistencia integral de las víctimas

2- El Estado social y democrático de derecho debe enfrentar activamente al narcotráfico mediante la aplicación de las leyes,  persiguiendo y desmantelando centralmente a los organizadores, carteles y lavadores de dinero proveniente del narcotráfico.

3- El Estado social y democrático de derecho debe comprometerse en el desbaratamiento de las redes de narcotráfico mediante procedimientos respetuosos de los derechos  contemplados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de DD.HH.

4- La sanción penal del consumidor de estupefacientes es, inútil para el desbaratamiento de las redes de narcotráfico.

5- Exigimos al Estado  la drástica mejora y multiplicación de los centros  de asistencia y recuperación de adictos   en establecimientos públicos y gratuitos y la  anulación de toda tercerización, privatización o concesión  de este servicio.

6- Insistimos  en la necesidad de la inhabilitación perpetua y absoluta de todo funcionario, sea por elección o designación, vinculado directa o indirectamente por acción u omisión, con redes de narcotráfico.

7- Promover la reutilización social de los bienes decomisados e incautados a las redes de narcotráfico sujetos al control y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

8- Promover la reglamentación total de la ley de protección integral a la niñez, incluyendo la posibilidad de internar a los menores que necesitan tratamiento de desintoxicación sin que ello se interprete como una medida privativa de la libertad.

9.- Certificación estatal obligatoria de trazabilidad (INTI, INTA, etc.) para la comercialización y producción de artículos que son elaborados con mano de obra intensiva. La misma debe auditar toda la cadena de valor, haciendo hincapié en las ramas tercerizadas.

10.-Incorporar como condición en las compras estatales que las empresas proveedoras certifiquen los productos que presentan a licitación.

11.- Promover que el Estado impulse un Pacto Nacional contra el Trabajo Esclavo entre las empresas e Instituciones Públicas, ONGs  y sindicatos.  Que el mismo contemple una  lista de acceso público de empresas e instituciones a las que se les descubra in fraganti beneficiándose con trabajo esclavo. La inclusión en esta lista implica tanto sanciones económicas como la prohibición de acceso a créditos, subsidios y otros beneficios.

12.- Promover el aumento de las penas tanto de los delitos de trata y tráfico de personas,  abuso sexual y corrupción de menores, proxenetismo y tráfico de órganos.

13.- Promover la drástica mejora y construcción de nuevos establecimientos de servicios sociales para contención y refugio de las víctimas a fin de evitar el maltrato, el ocio alienante y la privación de la libertad.

14.-Promover que el Estado se ocupe de la efectiva reinserción social de las víctimas  en el mercado con trabajo convencionado y digno, en el ámbito privado y /o estatal.

15.-Promover que el Estado se ocupe  de la efectiva reinserción social de las víctimas menores de edad y se efectivice la figura del abogado del niño vigente en la ley 26061 y se le restituyan todos sus derechos.

16.-Promover la incorporación o efectivización donde exista) obligatoria en la curricula de la enseñanza en todos sus niveles campañas de prevención contra la trata de personas, la explotación sexual y laboral, adicciones  y corrupción de menores.

17.-Reglamentación y puesta en marcha del Consejo Federal vigente en la ley 26842 que establece la fiscalización de los tres poderes del Estado y las ONGs de las políticas públicas contra la trata de personas.

18.-Penalizar el consumo, producción, distribución, comercialización y tenencia de material pornográfico infantil.

19.-Exigir la obligatoriedad por parte del Estado de la pronta inscripción de los recién nacidos si los padres son indocumentados o cuando son menores de edad

20.-Promover la incorporación obligatoria en la currícula de escuelas primarias y secundarias de todo el país la temática de trata, droga y adicciones.

21.- Como aporte a la visibilización y participación popular activa, instituir el DIA NACIONAL POR LA LIBERTAD Y CONTRA LAS MAFIAS. Se resuelve que sea el 16 de noviembre en aniversario de la muerte del niño de seis años Ezequiel Ferreyra que murió trabajando como esclavo y manipulando agro tóxicos en la empresa avícola Nuestra Huella.

22.-  Las organizaciones presentes nos planteamos trabajar en una red  que articule experiencias, propuestas, materiales informativos y acciones para el cambio cultural en cada provincia donde intervenimos.

23. Se consensua el siguiente protocolo de acción para la búsqueda de personas desaparecidas:

– Inmediatamente realizar la denuncia en la fiscalía federal, telefónicamente a UFASE o en el juzgado más próximo cualquiera sea su competencia

– Contactar al CAP (protocolización de comisarías y hospitales) para revisar el listado de las personas desaparecidas.

– Contactar a la persona que denuncia a que lo diga personalmente en la organización más cercana (depende el caso)

– Si la desaparición está corroborada, masificar la búsqueda mediante la movilización y la utilización de medios de comunicación, alternativos, redes sociales, etc.

– Acompañar a la familia a realizar la denuncia en la Fiscalía Federal correspondiente, incluso antes de las 48 hs.

24.- Que la denuncia se pueda presentar en cualquier juzgado o fiscalía, cualquiera sea su competencia

25.-Poner en red los recursos con los que cuentan las distintas organizaciones en todo el país (alojamiento, capacitación, trabajo, etc.)

-26. Armar en cada barrio con los vecinos un mapa de los delitos organizados por barrio o jurisdicción de comisaría, hacerlo público y denunciarlo ante todos los organismos pertinentes…  Para ello recibir denuncias en lugares con referencia social  para luego presentar en instancias del estado (judicial, legislativo) y hacer un seguimiento.  También difundir en los medios propios (blog, redes) y medios de comunicación general

27.-Difusión y capacitación desde las ONGs para los vecinos de las leyes (de trabajo a domicilio, trata, profilaxis, droga, convenio internacional contra toda la discriminación, etc.)

28. Reclamar asistencia psicológica a las víctimas de un delito en un barrio,

29.-Organizar campaña para retirar volantes de oferta sexual en la vía pública

30.-Promover que los delitos ambientales sean declarados delitos de lesa humanidad porque se afecta gravemente a pueblos enteros y a la naturaleza en asociaciones corruptas de áreas del Estado con empresas privadas.

Se hace abierta la convocatoria a todas las organizaciones sociales, políticas y religiosas que quieran sumarse a enviar su adhesión a prensaalameda@yahoo.com y a fundacion@adoptar.org.ar.