Aunque no lo quieran saber, éstos no son sus hijos…

Los que intentan ser padres consiguiendo un niño, nunca logran su objetivo, por el contrario, tan sólo calman una obsesión que los atormenta, sin interesarles que la obscenidad de sus actos entremezclan lo que ellos convinieron en llamarlo “amor”, con los negocios infames e inconfesables de los traficantes de personas.

Al final de sus días, y cuando ya no tienen fuerzas para explicarlo, algunos, comprenden, que la gravedad fundamental, no estuvo en ello, sino en haber tenido que sostenerles la mirada, haciéndoles creer, que son “sus hijos”.

Escribió Julio César Ruiz

Reclutaban a parturientas en Añatuya para que vendieran sus hijos en Rosario

De acuerdo a la investigación judicial en curso los traficantes de niños llevaban mujeres parturientas hacia Rosario para que entregaran sus hijos. El fiscal a cargo del caso habló de una organización delictiva importante. En ese marco se dio a conocer un circuito comenzaría con el reclutamiento de mujeres embarazadas de escasos recursos en Añatuya, que serían trasladarlas a Rosario -Santa Fe-.

La Justicia santafesina determinó que el punto de partida del presunto tráfico de bebés sería Santiago del Estero, puntualmente Añatuya. Allí se contactaba a las embarazadas para que dieran a luz en Rosario y entregaran a los recién nacidos por dinero.

Quien brindó ciertas precisiones sobre las actuaciones fue el fiscal de la causa, Eduardo Valdez Tiedjen, quien dijo que la organización delictiva tendría muchas conexiones en el norte del país, “principalmente en Añatuya, pero además en toda la provincia de Santiago del Estero”.

En declaraciones radiales, el funcionario adelantó ayer que “hay otro caso”, además del que se dio a conocer el lunes, mientras que opinó que “es un grupo grande e importante” el que fue descubierto a partir de una serie de allanamientos realizados anteayer en distintos domicilios y en un estudio jurídico de Rosario.

Asimismo, se aclaró que sólo un hombre -cuya identidad no trascendió- está detenido. Se trata del chofer de la combi que presuntamente se encargaba de trasladar a las embarazadas desde Santiago a la “Cuna de la Bandera”, donde tenían los partos. “Las traían desde Santiago del Estero, las hacían revisar por un médico, y luego las llevaban de nuevo a su domicilio hasta que llegara el momento de parir”, relató Valdez Tiedjen.

En cuanto al delito que se le imputó, especificó que es supuesto tráfico de bebé.

Paralelamente, la Fiscalía citó a prestar declaración indagatoria a los padres adoptivos de la criatura, a la madre biológica, a dos abogados y a un médico.

Según trascendió, están prófugas una psicóloga y la esposa del conductor detenido.

Sin buena fe

En otro orden, el fiscal se mostró escéptico en cuanto a que el matrimonio que estaba criando al bebé lo hubiera conseguido de buena fe. El funcionario fue contundente cuando respondió que “el trámite que se estaba realizando de ninguna manera permite (creer eso), a criterio de la Fiscalía y en esta etapa”. Luego redundó: “Era obvio para quien adquiría la criatura que no eran los canales normales”.

En tanto, el juez de Instrucción de Séptima Nominación, Juan Andrés Dónnola, emitió ayer un comunicado de prensa en el que explicó cómo se llegó al esclarecimiento del presunto tráfico de niños. “Todo comenzó en abril, cuando el Tribunal de Familia Nº 3 estaba a punto de dar curso normal a un expediente de adopción y uno de los magistrados recibió una denuncia anónima por escrito donde se detallaban los mecanismos que se estaban llevando adelante para la venta de un bebé en el Hospital Provincial”, expone el parte.

Allí se indicaba que una mujer embarazada había llegado al centro de salud en abril acompañada por una señora, de quien se aseguraba en el hospital que era un supuesto “secreto a voces que se dedicaba a la venta de bebés”.

Según informó el diario La Capital, Dónnola le ordenó a la policía que allanaran varios domicilios en Rosario. Uno se concretó en un dispensario municipal donde la embarazada se habría realizado controles previos; otro en un domicilio particular; un tercero en un estudio jurídico ubicado en el macrocentro y el restante en el Hospital Provincial, donde secuestraron tres historias clínicas.

Por último, el magistrado explicó que los delitos que se investigan, en principio, son tentativa de estafa procesal (por el trámite de la guarda con fines de adopción); supresión de estado civil y falsificación ideológica de instrumento público.

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