EE.UU – Informe 2011: Derechos Humanos en Argentina

Publicado el 25/05/2012 por Julio César Ruiz

Qué son los informes de Estados Unidos sobre el Tráfico Humano 

Anualmente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, emite un informe sobre la calidad y el compromiso político, de 194 países y sus esfuerzos en la lucha contra el Tráfico Humano.

La modalidad de clasificación para cada nación, está relacionada, no tan sólo con la adecuación de la legislación que hubiera generado cada país, sino también con la aplicación efectiva de esas normas y las acciones positivas logradas para la persecusión de este tipo de delitos creciente a nivel internacional. La clasificación se divide en tres items:

Categoría 1Países con tráfico humano, pero con fuerte compromiso, desde la legislación y la persecución de las mafias, con un combate adecuado para dar fin, a esta nueva manera de esclavitud. Este panorama, implica para este tipo delincuentes, un territorio desfavorable para su desarrollo.

Categoría 2: Países que poseen normas, pero no debidamente adecuadas y que en la realidad no combaten adecuadamente el tráfico humano, lo que permite el crecimiento de los efectos de este tipo de delitos, lo que define a esos territorios como un campo propicio para el desarrollo paulatino y no controlado para las mafias de traficantes de personas.

Categoría 3: Países donde el tráfico humano tiene alta significación, y no existen normas, ni combate a este tipo de mafias, lo que arroja un territorio propicio para el establecimiento de bandas de traficantes.

Sinopsis sobre la situación de la República Argentina

El diagnóstico que ha trazado este informe, para el año 2011, tira por tierra, toda la publicidad oficial y los discursos que se vienen escuchando de las autoridades nacionales, desde que asumieron, el 25 de mayo del 2003, fecha inicial de esta gestión que se caracterizó por mostrar al público interno e internacional que su política estaba asentada en la defensa de los Derechos Humanos.

El informe 2011, coloca a la Argentina, en nivel de observación Categoría 2. Recordemos, el tercer lugar es para estados en situación crítica, mientras que en primera posición se ubican los países con alto y efectivo cumplimiento de las normas, esto es la relación entre lo que se dice y se hace.

Entro otras cosas, el informe subraya que Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres, bebés, niños y adolescentes víctima de trata y que es un territorio en donde no cumple con los estándares mínimos en la lucha contra la nueva esclavitud.

Continúa expresando: “Gran cantidad de las víctimas son captadas en provincias norteñas o zonas rurales y son obligadas a prostituirse en centros urbanos o provincias prósperos del centro y sur del país. En muchos de estos casos, todo esto ocurre con complicidades de funcionarios y policías. Y la situación se ve agravada por la falta de controles en la amplia frontera, dice el informe”.

De todos modos, admite que la Argentina avanzó en la lucha contra la trata de personas, pero que falta más trabajo, ya que desde el año 2009, no ha logrado salir de la Categoría 2. Los peores estados son, por caso, Argelia, Guinea, Libia y Madagascar.

Argentina quedó en el mismo nivel que China, Dominicana y México. Los estados mejor conceptualizados son Canadá, gran parte de Europa, Australia y Estados Unidos. El reporte traza las situaciones de 194 países y lo presentó ayer la titular del Departamento de Estado, Hillary Clinton, en Washington.

Situación complicada

Según el informe, gran cantidad de mujeres y niños de Paraguay, Bolivia y Perú y, en menor grado, Brasil y Dominicana, son forzados a prostituirse en nuestro país. Paralelamente, ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos de provincias carecientes son captados y sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos y emprendimientos agropecuarios. El turismo infantil, señala el reporte realizado con información de la Embajada estadounidense en el país, ocurre en la triple frontera y Buenos Aires. “El Gobierno de Argentina no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas; sin embargo, lleva a cabo esfuerzos significativos”, indicó el estudio.

“A pesar que se ha incrementado la actividad judicial en este sentido, la cantidad total de condenas sigue siendo baja en comparación con la cantidad de víctimas identificadas”, añade.

Complicidades

En Argentina, se incrementó el combate contra la trata, pero se detectaron profundos y “significativos niveles de complicidad oficial por parte de funcionarios provinciales, municipales y miembros de las fuerzas de seguridad”.

Se indicó que estas conclusiones fueron tomadas en base a informes de ONGs. “Algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas con la trata o advierten a los propietarios de los burdeles sobre allanamientos inminentes”, señala el informe. En algunos casos, los funcionarios a cargo de investigar estos casos estaban, a su vez, denunciados “por corruptos o ineficientes”.

“La Argentina sancionó en 2009 la ley de trata 26.364, y castiga con penas de entre 3 y 15 años de cárcel, pero los recursos que Argentina ha dispuesto para esta lucha y los esfuerzos por combatir este delito continúan siendo insuficientes”.

El informe dice que varias provincias organizaron campañas contra la trata, pero no se hizo un trabajo en común ni una actividad de concientización a nivel nacional. En el estudio también se mencionaron pocas condenas por explotación sexual: 15 sentenciados en 2010; en 2009 fueron tres.

El más alto de los símbolos del encubrimiento

Las autoridades nacionales, no sólo han demostrado pusilanimidad en la lucha contra el Tráfico Humano, sino que hasta la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, podría estar involucrada, como mínimo, en el ocultamiento, o la falta de celeridad para viabilizar denuncias penales contra uno de sus miembros, el Juez Eugenio Zaffaroni, que alquilaba como mínimo 6 departamentos de su propiedad a proxenetas que ejecutaba explotación sexual comercial de personas.

20.05.2012 Nueva ampliación de la denucia penal contra Zaffaroni.

Julio César Ruiz Fundación Adoptar

INFORME COMPLETO AÑO 2011

Argentina

Informe año 2011 del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Derechos Humanos (Incluye a Argentina)

RESUMEN EJECUTIVO

Argentina es una república constitucional federal. Cristina Fernández de Kirchner fue reelecto a la presidencia en octubre de 2011 en las elecciones multipartidistas que los medios de comunicación y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) que se describen en general como libres y justas. Las fuerzas de seguridad informaron a las autoridades civiles, pero en ocasiones actuó de forma independiente del control civil.

Los principales problemas de derechos humanos incluyen el uso excesivo de la fuerza por la policía, a veces con resultado de muerte, acciones que pueden hacer peligrar la libertad de la prensa, y las infracciones continuas de los derechos de los pueblos indígenas.

Otros problemas de derechos humanos incluidas las malas condiciones carcelarias, incluyendo el maltrato de algunos prisioneros, arresto y detención arbitrarios ocasionales; de detención preventiva prolongada, las continuas preocupaciones sobre la eficiencia e independencia judicial, la corrupción oficial, la violencia doméstica contra las mujeres, el abuso infantil, la trata sexual y trabajos forzados, principalmente dentro del país, y el trabajo infantil.

Las autoridades judiciales procesado un número de funcionarios que cometieron abusos durante el período del informe, sin embargo, algunos funcionarios que participan en la corrupción u otros abusos con impunidad.

Sección 1. Respeto a la Integridad de la Persona, Incluyendo Libertad de:Compartir

una. Privación arbitraria o ilegal de la vida

El gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato por motivos políticos, sin embargo, hubo informes de muertes como consecuencia de la policía con fuerza injustificada o excesiva.

Un informe de noviembre por la Coordinadora de ONG contra la represión policial afirmó que las fuerzas de seguridad de uso de fuerza excesiva mató a 145 personas entre mediados de noviembre de 2009 y mediados de noviembre de 2010. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó de un aumento de 10 por ciento en las muertes como consecuencia de la policía con fuerza injustificada o excesiva en la ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires desde junio 2009 a junio de 2010. En una ocasión, un oficial de policía federal en la ciudad de Buenos Aires disparó y mató a Ariel Domínguez, a quien el funcionario presuntamente creían que acababa de cometer un robo. El oficial afirmó el arma había cumplido cuando accidentalmente cayó, pero una investigación del Ministerio de Seguridad desmentido oficial de esta defensa. Una investigación judicial continuó, y el oficial se mantuvo libre a finales de año.

El 2 de junio, el Primer Juzgado del Crimen de Bariloche condenó el oficial de policía Sergio Colombil de 20 años de prisión para el 06 2010 asesinato de Diego Bonefoi. Una investigación sobre los asesinatos de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, quienes fueron asesinados durante una posterior marcha para protestar por la muerte de Bonefoi, continuó a finales de año.

Las organizaciones locales de derechos humanos y los medios de comunicación informaron sobre un patrón de violencia excesiva por las fuerzas de policía en los desalojos de tierras llevado a cabo durante el año. En la provincia norteña de Jujuy el 28 de julio, cuatro personas fueron muertos a tiros durante una disputa entre la policía y los manifestantes que exigen los derechos de propiedad. A raíz de los asesinatos, el jefe provincial de la policía se retiró, y el gobierno provincial inició una investigación para determinar si los agentes de policía fueron responsables de las muertes. La investigación continuaba al finalizar el año.

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos.

En octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno a “iniciar, dirigir y concluir que” el caso de Iván Torres, quien desapareció en 2003 en la provincia de Chubut. Según informes de prensa, el Estado había reconocido previamente la participación de los agentes de la policía y las posibles irregularidades en el caso.

Las autoridades siguieron para investigar y enjuiciar a los individuos implicados en desapariciones, asesinatos y torturas cometidos durante la dictadura militar de 1976-83, un foco de la política de la del gobierno en materia de derechos. Nuevas investigaciones en el “plan sistemático” de la dictadura militar, incluyendo la apropiación de hijos de detenidos y el asesinato de los detenidos en “vuelos de la muerte”, surgió durante el año. CELS estimó que había 270 investigaciones judiciales en curso y 734 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. De los acusados, 398 permanecían en prisión preventiva. Según la Oficina de la Corte Suprema de Seguimiento de Crímenes contra la Humanidad, durante el año los tribunales condenaron a 67 autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante el período 1976-1983, y continuó los ensayos que habían sido suspendidas en 1989-90, cuando el gobierno emitió un indulto general. Un adicional de 118 casos pendientes al finalizar el año. Casos de alto perfil fueron:

· El 18 de mayo, el ex agente de inteligencia de la policía Luis Antonio Falco fue condenado a 18 años de prisión por apropiarse del hijo de dos detenidos que habían desaparecido en 1977 después de que se celebra en un centro de detención.

· El 2 de junio, un juez federal procesado cinco pilotos para la realización de un “vuelo de la muerte” en el que los pilotos presuntamente mataron a varios presos políticos arrojándolos al mar. Entre las presuntas víctimas fueron algunos de los miembros fundadores de la ONG Madres de Plaza de Mayo. Los pilotos permanecieron detenidos mientras que los ensayos continuaron a finales de año.

· El 26 de octubre, un tribunal federal condenó a cadena perpetua 12 ex oficiales militares y policiales que fueron declarados culpables del secuestro, tortura y asesinato de 86 personas.

Las autoridades judiciales continuaron investigando los casos de secuestro y adopción ilegal de hijos de los disidentes detenidos por miembros de la última dictadura militar. La organización no gubernamental Abuelas de Plaza de Mayo, informó que durante el año tres personas adoptados ilegalmente por ex oficiales del ejército fueron identificados y sean conscientes de sus orígenes, lo que aumentó el número de personas identificadas de este modo al 105 de un estimado de 500 casos de hijos de los disidentes detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar.

c. La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

La ley prohíbe el trato cruel, inhumano o degradante, la tortura y otros castigos o y establece penas para la tortura similares a las de homicidio. Sin embargo, el CELS, la Oficina Nacional de Ministerio Público (ONPF), y el Comité Provincia de Buenos Aires la memoria de la Comisión contra la Tortura (una oficina autónoma establecida por el gobierno provincial) informó de que algunos policías y agentes penitenciarios continuaron empleando la brutalidad y otros actos que infligidas dolores o sufrimientos graves, especialmente durante las transferencias de la prisión. Mientras que el gobierno investigó esos informes, hubo pocas condenas.

En mayo las autoridades procesaron a nueve policías por presuntas torturas y abuso de autoridad en el caso de tres adolescentes sospechosos de robo.Los adolescentes declararon que les había chocado con un dispositivo eléctrico y severamente golpeado tras ser detenido en una comisaría de policía en Buenos Aires. El juicio continuaba al finalizar el año, mientras que uno de los acusados ​​de la tortura sigue siendo un fugitivo.

De acuerdo con un informe de junio del Comité de la Provincia de Buenos Aires la memoria de la Comisión contra la Tortura, las prácticas como palizas, el uso de una picana, duchas de agua fría, y el aislamiento forzoso en las cárceles de Buenos Aires eran comunes. Informe Anual de la Comisión por la Memoria ha denunciado estos tratamientos durante cada uno de los últimos ocho años.

Condiciones de detención y encarcelamiento del Centro

Las condiciones de reclusión eran a menudo pobres. Los reclusos en las instalaciones de muchos sufrieron de un extremo hacinamiento, mala, el tratamiento inadecuado médica y psicológica, el saneamiento inadecuado, las visitas familiares limitadas, y el trato degradante frecuente, de acuerdo con varios informes de organizaciones de derechos humanos y centros de investigación. Los presos reciben el agua potable. El número de presos en cárceles de provincia de Buenos Aires excedió la capacidad de las instalaciones por un estimado de 96 por ciento, según un informe de 2010 por el Consejo provincial de los Defensores.

Las muertes fueron poco frecuentes en las cárceles federales, ocho presos murieron como consecuencia de la violencia durante el año 2010, incluidas cinco muertes en la horca, de acuerdo con la ONPF.

El 26 de julio, el gobierno de la provincia de Mendoza accedió a pagar 2.216.000 dólares a las familias de 18 víctimas y nueve ex prisioneros de guerra heridos que sufrieron un tratamiento violento en la cárcel de Boulogne de la provincia Sur Mer entre 2004 y 2007. El acuerdo entre el gobierno de Mendoza y los demandantes fue supervisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluyó un plan para establecer un ombudsman de la cárcel local, e implementar mecanismos para prevenir la tortura.

Sin embargo, las ONG y los medios de comunicación supuestos informes se repiten las malas condiciones carcelarias en la provincia de Mendoza durante el año. En febrero, la ONG Xumek presentó un fiscal federal que representa a varios videos trato brutal a los prisioneros en una prisión federal de asistencia en Mendoza. Las imágenes, que había sido capturado por una cámara de teléfono celular durante el año 2010, mostró un grupo de guardias de la prisión golpes y patadas a un prisionero esposado, según informes de prensa. A raíz de una orden judicial, las autoridades detuvieron a cinco de los guardias implicados y despidió a tres supervisores de la prisión. Secretaría del Gobierno Nacional de los Derechos Humanos se presentó como querellante en el caso, y continuó con la investigación a fin de año.

Las mujeres fueron separadas de los hombres, y la ley permite a los niños a permanecer en prisión con sus madres hasta la edad de cuatro años. De acuerdo con el Servicio Penitenciario Federal, había 789 mujeres en las cárceles federales desde diciembre de 2010, y 43 niños menores de cuatro años de edad vivían con sus madres. Las mujeres constituían el 9 por ciento de la población reclusa en general, que incluyó a unos 30.000 en las cárceles de Buenos Aires provinciales y aproximadamente 10.000 en cárceles federales. CELS estima que el 74 por ciento de las cárceles en Buenos Aires provinciales se encontraban en prisión preventiva o en espera de la sentencia, y muchos se llevaron a cabo con los condenados. En las cárceles de hombres en general eran más violento, peligroso y lleno de gente de las cárceles de mujeres.

El hacinamiento en los centros de menores a menudo resultaba en menores de edad “que se celebra en las instalaciones de la estación de policía, a pesar de que algunas ONG y el Defensor del Pueblo Nacional Penitenciario y Carcelario advirtió que esa actividad estaba en contra de la ley. El 4 de agosto, el Ministro de Seguridad Nilda Garré anunció que a partir de diciembre de menores de edad ya no se llevará a cabo en instalaciones de la estación de policía.

Los presos y detenidos tuvo acceso razonable a los visitantes y se les permitió la observancia religiosa. Las autoridades permiten los presos y detenidos a presentar denuncias ante las autoridades judiciales, sin censura y para solicitar la investigación de las denuncias creíbles de condiciones inhumanas. Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales locales señalaron que el acceso a un defensor público se limitó a veces, de vez en cuando y que los presos no han presentado quejas a las autoridades por temor a represalias.

A finales de año el gobierno no había puesto en práctica un mecanismo amplio para investigar y vigilar las condiciones carcelarias y centros de detención. La ONPF, que sirve como un defensor del pueblo, en nombre de los presos y detenidos, se estableció como una institución autónoma del gobierno en 2004. Sin embargo, observadores locales de derechos humanos informaron que la ONPF no tenía jurisdicción en todos los centros de detención y carecía de autoridad necesaria para llevar a cabo sus funciones.

El gobierno permitió visitas de observadores independientes de la prisión de derechos humanos locales e internacionales de derechos humanos, y las visitas que se realizaron durante el año.

El 30 de agosto, el gobierno nacional aprobó una ley que establece el “derecho a una educación pública” para los presos en todo el país. La ley obliga a las autoridades de la administración penitenciaria para proporcionar acceso a todos los niveles educativos y los métodos de enseñanza mismos que se utilizan en las escuelas públicas a todos los presos, sin importar el estado de sus casos.

d. Arresto o detención arbitrarios

La ley prohíbe el arresto y detención arbitrarios, y el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones, sin embargo, la policía habría arrestado y detenido arbitrariamente a los ciudadanos en la ocasión.

El papel de la Policía y el Aparato de Seguridad

La policía federal tiene jurisdicción para mantener la ley y el orden en la capital federal y por delitos federales en las provincias. Otras autoridades policiales federales incluyen la seguridad del aeropuerto la policía, la gendarmería, la guardia costera, y la Oficina de Prisiones. Todas las fuerzas de la policía federal bajo la autoridad del Ministerio de Seguridad, que fue establecido en diciembre de 2010, que habían estado anteriormente la jurisdicción de la Justicia y el Ministerio de Derechos Humanos. Además, cada provincia y la ciudad de Buenos Aires tiene su propia fuerza policial que responde a un ministerio de la provincia (o ciudad) la seguridad o la secretaría. Fuerzas individuales varían considerablemente en su eficacia y el respeto de los derechos humanos.

Las fuerzas de seguridad federales tienen la autoridad para realizar investigaciones internas sobre los presuntos abusos y despedir a las personas que presuntamente hayan cometido una violación de los derechos humanos. El gobierno federal también pueden presentar quejas ante los tribunales federales, los gobiernos provinciales pueden hacer lo mismo con las fuerzas de seguridad provinciales. Los miembros de las fuerzas de seguridad condenados por un delito fueron objeto de severas sanciones. En general, los oficiales acusados ​​de cometer delitos fueron suspendidos administrativamente hasta la finalización de una investigación. Las autoridades investigaron y, en algunos casos, detenidos, procesados ​​y condenados los agentes implicados.

Según un informe de junio por el Buenos Aires de la Comisión Provincial de la Memoria, la opresión policial de los jóvenes de sectores sociales vulnerables aumentó durante el año. El informe alega la detención sin una orden judicial, fabricación de pruebas en casos legales, y el reclutamiento de los jóvenes a cometer delitos. La comisión propuso reformas institucionales orientadas a abordar estas cuestiones, incluida la creación de una policía judicial que informe a la Corte Suprema de Justicia y reemplazar a la policía provincial en los casos penales.

Procedimientos de detención y tratos durante su detención

Las personas en general, fueron detenidos abiertamente con órdenes basadas en la evidencia suficiente y emitido por un funcionario debidamente autorizado, la policía puede detener a sospechosos hasta por 10 horas sin una orden de detención si las autoridades tienen una creencia bien fundada de que los sospechosos han cometido, o están a punto para la comisión de un delito o son incapaces de determinar la identidad del sospechoso. Los grupos de derechos humanos denunciaron que la policía de vez en cuando a los detenidos y recluidos arbitrariamente sospechosos más de 10 horas.

La ley otorga a la persona detenida el derecho a una pronta decisión sobre la legalidad de la detención, que su comparecencia ante un juez de primera instancia penal, que determina si se debe proceder a una investigación. Hubo algunos retrasos en este proceso y en informar a los detenidos de los cargos en su contra.

Durante el año la provincia de Buenos Aires ordenó el cierre de cerca de 150 celdas de detención en las comisarías de policía y se estableció un período de detención máximo de 48 horas en 67 de las comisarías de policía de la provincia.

La ley establece el derecho a fianza, salvo en los casos relacionados con drogas, crímenes violentos y violaciones de armas de fuego.

A los detenidos se les permite el acceso rápido a un abogado, y los defensores públicos para los detenidos que no pueden pagar un abogado, aunque a veces, dicho acceso se retrasó debido a una sobrecarga del sistema.

Prisión Preventiva : La ley prevé detenciones preventivas de hasta dos años para los acusados ​​en espera o en período de prueba, el plazo podrá ser prorrogado por un año en situaciones limitadas. La lentitud del sistema judicial a menudo resultó en detenciones prolongadas más allá del período estipulado por la ley. El CELS informó que los presos esperaban un promedio de tres años para ser juzgado, con algunos casos que tienen hasta seis años. Un preso condenado por lo general recibió crédito por el tiempo ya cumplido.

El CELS indicó que casi el 74 por ciento de los detenidos en Provincia de Buenos Aires se encontraban en prisión preventiva, en espera de la sentencia, oa la espera del proceso de apelación. De acuerdo con varias organizaciones de derechos humanos, el 30 por ciento de los detenidos en prisión preventiva fueron finalmente absueltos.

e. Negación de un Juicio Público Justo

La ley establece el derecho a un juicio justo, y la independencia del poder judicial en general, hizo cumplir ese derecho. Sin embargo , los estudiosos judiciales siguieron informando de las ineficiencias y retrasos en el sistema judicial. De acuerdo con algunas organizaciones no gubernamentales locales, los jueces federales en los tribunales penales y electorales son a veces sujetos a manipulación política.

El sistema judicial se vio obstaculizada por retrasos, atascos de procedimiento, cambios de jueces, apoyo administrativo inadecuado, y la ineficiencia general. Los jueces tienen amplia discreción en cuanto a si y cómo llevar a cabo investigaciones que contribuyen a una percepción pública de que muchas de las decisiones fueron arbitrarias.

Procedimientos de prueba

Los juicios son públicos, los acusados ​​gozan de la presunción de inocencia y el derecho a apelar, tiene un abogado, y llamar a testigos de la defensa en los tribunales federales y de algunos tribunales provinciales que tienen un sistema acusatorio de justicia penal. Si es necesario, un defensor de oficio se proporciona a expensas del público cuando los acusados ​​se enfrentan a graves cargos criminales. Durante la etapa de investigación, los acusados ​​pueden presentar preguntas por escrito al juez de instrucción. Un panel de jueces decide la culpabilidad o inocencia. A pesar de los acusados ​​y sus abogados tienen acceso a las pruebas en poder del Gobierno, según las ONG locales, en la práctica a veces se enfrentaban a obstáculos o retrasos en la obtención de tales pruebas. Largas demoras en los juicios se produjo en todo el país, con muchos casos que toman cinco o más años en resolverse.

Los tribunales federales y provinciales, continuó la transición a juicios orales en materia penal, en sustitución del antiguo sistema de comunicaciones escritas. Aunque la Constitución de 1994 establece el juicio por jurados, la legislación de aplicación no se había aprobado a finales de año. En la provincia de Córdoba, sin embargo, los acusados ​​de ciertos delitos graves tienen derecho a un juicio con jurado.

Un sistema de justicia juvenil no oficial organizada opera en ocho de los 18 distritos de la Ciudad de Buenos Aires. Se proporciona a los menores entre las edades de 16 y 18 con los mismos derechos procesales que los adultos y oraciones a los límites de los 180 días de prisión.

Prisioneros y Detenidos Políticos

No hubo informes de presos o detenidos políticos.

Procedimientos judiciales civiles y recursos

Hay un poder judicial independiente e imparcial en materia civil. Los ciudadanos tienen acceso a los tribunales para presentar demandas por daños y perjuicios o la protección de los derechos garantizados por la Constitución.

f. Interferencia arbitraria con la privacidad, familia, hogar o la correspondencia

La Constitución prohíbe tales acciones y el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones en la práctica.

Sección 2. Respeto por las Libertades Civiles, Incluyendo:Compartir

una. La libertad de expresión y de prensa

Situación de la Libertad de Expresión y de Prensa

La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa, con algunas excepciones, el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica. Los sitios de periódicos independientes, de radio y canales de televisión, e Internet fueron numerosos y activos, expresando una gran variedad de puntos de vista. Medios de comunicación privados son independientes de los gobiernos nacional y provincial.

Libertad de Prensa : La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Asociación Argentina de Compañías de los medios de comunicación y otras organizaciones expresaron su preocupación acerca de la relación conflictiva del gobierno con la censura indirecta de ciertos medios de comunicación.El 18 de octubre, la Asamblea General de la SIP pidió al gobierno a “poner fin a la escalada de la agresión contra la crítica de los medios [del gobierno] … deje de presionar al poder judicial [en los medios de comunicación relacionados con los casos] … y el acoso administrativo de [el único fabricante de papel prensa nacional ] Papel Prensa “.

El 28 de diciembre, el presidente firmó una ley que regula la “producción, comercialización y distribución” de papel de periódico, el establecimiento de un precio uniforme para todo el papel y la introducción de nuevos requisitos de producción de Papel Prensa. Mientras los defensores de la ley dijo que “democratiza” el acceso al papel prensa, la SIP se describe como una violación de la Constitución y las obligaciones de los tratados internacionales, y se mostraron preocupados que la ley permite al gobierno a aumentar su participación en Papel Prensa y el control de la fuente de papel.

Violencia y Acoso : El 28 de marzo, los manifestantes bloquearon la entrada de las plantas de impresión de Clarín y La Nación , dos de los diarios del país, el periódico más leído, en violación de una resolución judicial 2.010 civiles. La SIP describió el incidente como un “ataque contra la libertad de prensa” y lamentó la “falta de acción de la policía en violación de las resoluciones judiciales que ordenan al gobierno nacional para garantizar la circulación de los medios de comunicación.”

El 8 de julio, el Consejo del Mercado Central Food, una organización co-dirigida por la ciudad y la provincia de Buenos Aires y el gobierno federal, ordenó a sus empleados a que usen tapones de leer ” Clarín miente “, en respuesta a un artículo publicado en el periódico . El 11 de julio, un cartel con el mismo mensaje fue puesto al frente del mercado. El 13 de julio, las autoridades del mercado cerraron las dos tiendas de noticias del proveedor en el mercado sobre la base de que “no cumplió con las reglas del mercado.” El 28 de julio, un tribunal federal ordenó a las autoridades a permitir la venta de periódicos en el mercado.

Censura o Restricciones de contenido : Durante el año, los gobiernos nacionales, provinciales y municipales no publicar información completa sobre la cantidad y el destino de los fondos públicos para la publicidad. SIP y otras asociaciones de prensa advirtió sobre “el uso discriminatorio de la publicidad oficial para premiar y castigar a los medios de comunicación” del gobierno y “la creación de las redes pública y propiedad privada de los medios de comunicación y periodistas” para apoyar al gobierno. Las ONG locales expresaron su preocupación por las demoras en la publicación de las asignaciones de publicidad oficial y la falta de procedimientos sistemáticos y transparentes para su publicación.

El 2 de marzo, el Tribunal Supremo ordenó al Poder Ejecutivo a “establecer una distribución equilibrada de la publicidad oficial entre los medios de comunicación similares”, como resultado de una demanda presentada por la editorial Perfil, en la que acusó al gobierno de discriminación por razón de su cobertura. El tribunal determinó que el gobierno nacional había “arbitraria y discriminatoria” se negó a anunciar en los medios de comunicación del Grupo Perfil y ordenó al Ejecutivo para comprar espacios publicitarios en las publicaciones, “respetando un equilibrio razonable” entre los editores similares. El 11 de mayo, la SIP también denunció que el gobierno de “incumplimiento de la orden judicial para restituir la publicidad oficial a Editorial Perfil.” El 4 de octubre, Perfil del Grupo presentó una solicitud ante un tribunal federal que ordene al Poder Ejecutivo para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y imponer multas a los funcionarios del gobierno que eran supuestamente responsables de no asignación de publicidad oficial a Perfil. El Poder Ejecutivo no ha respondido oficialmente a la orden a fin de año.

El 15 de septiembre, un tribunal federal de asuntos económicos ordenó diarios Clarín , La Nación , Ámbito Financiero , El Cronista Comercial , Buenos Aires Económico , y Página 12 para proporcionar la información de contacto, incluyendo direcciones de personal, de cada periodista que había informado en el país las estadísticas de inflación desde 2006. Las estadísticas oficiales de inflación había sido criticado en algunos periódicos como inexacta. El tribunal había solicitado información sobre los anuncios de consultores económicos privados en los periódicos como parte de un caso presentado por el secretario de comercio nacional acusando a los consultores de la publicación de información errónea sobre el gobierno nacional de precios de las mediciones.

Acciones para ampliar la Libertad de Prensa

El gobierno trató de limitar lo que consideran prácticas monopólicas en la industria de los medios de comunicación a través del artículo 161 de la ley de 2009 los medios de comunicación, lo que reduce el número de licencias de radiodifusión a un individuo o empresa puede tener 24 a 10 y los proveedores de cable de la propiedad de bares abiertos canales de televisión por aire. El artículo 161 se mantuvo en suspenso durante el año, en espera de una sentencia del Tribunal Supremo sobre una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín en 2010. La aplicación de la ley obligaría a Grupo Clarín a vender muchos de sus 200 puntos de venta en el país.

El 21 de junio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció planes para expandir el sistema de Televisión Digital Terrestre y puso en marcha el proceso de licitación para otorgar 220 licencias de radiodifusión a 110 empresas privadas y organizaciones no gubernamentales 110, afirmando que la iniciativa “mejorar la apertura y la pluralidad” de la radiodifusión .

Libertad en Internet

No hubo restricciones generalizadas sobre el acceso a Internet o informes fidedignos de que el gobierno vigilara el correo electrónico o salas de chat de Internet. Individuos y grupos pudieron participar en la expresión de opiniones a través de Internet, incluso por correo electrónico y redes sociales.

En dos fallos separados emitidos el 4 de agosto, el Tribunal Penal Federal ordenó el cierre de LeakyMails, un sitio web que publicó presuntos correos electrónicos privados de los funcionarios gubernamentales, empresarios y periodistas, con el argumento de que había “violado el derecho a la intimidad , publicó la correspondencia comercial y reveló los secretos políticos y militares. “Para la ejecución del fallo, el gobierno pidió a los proveedores de servicios de Internet bloquear una dirección IP identificada como el sitio Web de LeakyMails, una medida que habría perjudicado a miles de usuarios de Internet.

El 1 de marzo, una Corte Federal de Apelaciones de Asuntos Comerciales y Civiles confirmó la suspensión de un tribunal inferior de Planificación del Ministerio de resolución 100/2010, que prohibió el servicio de Internet de Grupo Clarín Fibertel proveedor de prestar sus servicios a nuevos clientes.

Libertad Académica y Eventos Culturales

No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica o eventos culturales.

b. La libertad de reunión y asociación pacíficas

La Constitución establece la libertad de reunión y asociación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica.

c. La libertad de religión

Vea el Departamento de Estado Informe Internacional de Libertad Religiosa en el www.state.gov/j/drl/irf/rpt/ .

d. Libertad de Movimiento, Personas Desplazadas Internamente, Protección de Refugiados y Apátridas

La Constitución establece la libertad de movimiento dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica.

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, solicitantes de asilo y otras personas de interés.

Protección de los Refugiados

El acceso al asilo : Las leyes prevén la concesión del estatuto de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para proporcionar protección a los refugiados.

Durante los primeros ocho meses del año, el Comité Nacional para los Refugiados concede el estatuto de refugiado a 17 de las 24 personas que buscaban asilo.

Protección Temporal : El gobierno también brindó protección temporal por razones humanitarias a aproximadamente 94 personas durante los primeros ocho meses del año.

Sección 3. Respeto a los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su GobiernoCompartir

La Constitución otorga a los ciudadanos el derecho a cambiar su gobierno pacíficamente, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal.

Elecciones y participación política

Las elecciones recientes : El 23 de octubre, los votantes reeligieron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del Frente para la Victoria en las encuestas descrito por los medios de comunicación y diversas ONG como libres y justas. En concurrencia de elecciones legislativas, los votantes eligieron a la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados que representan las 24 provincias y un tercio de las personas en el Senado en representación de ocho provincias. Los observadores locales consideran estas elecciones generalmente libres y justas.

Participación de la Mujer y Minorías : Decretos establecen que un tercio de los candidatos en listas electorales para las dos cámaras del Congreso deben ser mujeres. Había 28 mujeres en el Senado de 72 asientos y 98 mujeres en la Cámara de 257 escaños de los Diputados. El presidente, dos de los siete jueces del Tribunal Supremo, y tres ministros del gabinete eran mujeres.

No se conocieron otras minorías étnicas o raciales en la legislatura nacional. No se conocieron otras minorías indígenas, étnicas o raciales en el gabinete o en la Corte Suprema.

Sección 4. Corrupción y Transparencia GubernamentalCompartir

La ley prevé sanciones penales por corrupción oficial, sin embargo, hubo informes de prensa alegando que los funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial que participan en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de aplicación de la ley con eficacia.

Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavado los intentos sistemáticos de lucha contra la corrupción.

Los casos de corrupción se registraron en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes fueron la extorsión, y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas y la prostitución. Los controles internos a los abusos de la policía de venta libre son débiles, pero mejoró durante el año. El ministro de Seguridad Nilda Garré, quien asumió el control del recién creado Ministerio de Seguridad en diciembre de 2010, tomó medidas para combatir la corrupción en las fuerzas de seguridad, en particular dentro de la Policía Federal (PFA). Durante el año se despidió a varios oficiales acusados ​​de corrupción de PFA. En un caso, dos oficiales de PFA fueron condenados a tres años de cárcel por solicitar un soborno de un sospechoso detenido, a cambio de la liberación de él y abandonar el caso.

Las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales, así como en los tribunales federales ubicados en las provincias, fueron más frecuentes que en los tribunales federales con jurisdicción sobre la ciudad y provincia de Buenos Aires, lo que refleja una fuerte conexión entre las ramas ejecutiva y judicial a nivel provincial .

El 3 de junio, un juez federal inició una investigación sobre presunto fraude y malversación de fondos públicos relacionados con Sergio Schoklender, el administrador financiero de la ONG Madres de Plaza de Mayo. La ONG había recibido aproximadamente 765 millones de pesos ($ 186 millones) desde 2008 a través de un contrato con el gobierno para construir viviendas de bajo costo en todo el país. Entre otras acusaciones, Schoklender fue acusado de utilizar una empresa de construcción para malversar los fondos públicos y, en un caso paralelo, las autoridades nacionales fueron investigados para determinar si fueron cómplices en el mal uso de los fondos. Durante la investigación, Schoklender también alegó la corrupción gubernamental en la asignación de fondos para obras públicas, afirmando que los fondos fueron utilizados a veces para pagar las campañas políticas y que los proyectos se adjudicaron a menudo sobre la base de sobornos. Schoklender se mantuvieron libres y las investigaciones continuaron a fin de año.

La investigación sobre un supuesto esquema de financiamiento de las campañas ilegales continuaron durante el año. El 8 de febrero, el juez Norberto Oyarbide acusó a Héctor Capaccioli de 2007 el presidente Leonel Fernández de Kirchner para recaudar fondos en jefe y ex supervisor de los servicios de salud, por su participación en el esquema. El juicio quedó pendiente al finalizar el año.

La investigación del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime continuó durante el año, y un tribunal penal federal confirmó que enjuiciar a Jaime por supuestamente recibir regalos y favores ilegales durante su mandato. El caso seguía pendiente al finalizar el año.

El 14 de septiembre, un tribunal federal absolvió al ex presidente Carlos Menem y otros 17 funcionarios acusados ​​de facilitar 6.000 toneladas de venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia en la década de 1990. El veredicto de controversia fue la culminación de una investigación de 16 años y determinó que las ventas de armas no constituye contrabando sobre la base de que las ventas eran transparentes y ejecutadas a través de decretos jurídica en virtud de la Constitución.

Los funcionarios públicos están sujetos a las leyes de divulgación de información financiera, y el Ministerio de Justicia, la Oficina Anticorrupción (OA) es responsable de analizar e investigar a los funcionarios del poder ejecutivo sobre la base de sus declaraciones juradas. El ACO también es responsable de investigar la corrupción dentro del poder ejecutivo federal o en cuestiones relacionadas con fondos federales, con excepción de los fondos transferidos a las provincias. Como parte de la rama ejecutiva, el ACO no tiene autoridad para procesar casos de manera independiente, pero puede remitir casos a otros organismos o actuar como demandante y solicitar a un juez para iniciar un caso.

Si bien el país no tiene una ley que prevé el acceso público a la información gubernamental, un decreto presidencial que garantiza el acceso a los documentos públicos y la información que se encuentre dentro de la jurisdicción del Poder Ejecutivo. Según las ONG locales, la libertad de las solicitudes de información fueron rechazadas a veces arbitrariamente.

Sección 5. Actitud del Gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntas Violaciónes de los Derechos HumanosCompartir

Una amplia variedad de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales de derechos humanos en general, sin restricción gubernamental, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios del gobierno por lo general eran de cooperación y, en general receptivos a sus opiniones.

Durante el año el gobierno se reunió con representantes de numerosos grupos de derechos humanos internacionales y no gubernamentales de derechos humanos, incluidos los representantes de Human Rights Watch, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CIDH, para discutir los derechos humanos. El gobierno respondía a estas organizaciones.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personasCompartir

La ley prohíbe la discriminación por motivos de raza, sexo, idioma discapacidad, o condición social, y el gobierno general, hizo cumplir estas prohibiciones en la práctica.

Mujeres

La violación y la violencia en el hogar : La violación, incluida la violación conyugal, es un crimen, pero los requisitos probatorios, ya sea en forma de lesión física clara o el testimonio de un testigo, dificultades que a menudo se presentan en la persecución de estos delitos. Las penas por violación osciló entre seis meses hasta 20 años de prisión. No hubo informes de la policía judicial o la renuencia a actuar en los casos de violación, sin embargo, los defensores de derechos de las mujeres afirmó que la actitud de la policía, los hospitales, y la corte hacia víctimas de violencia sexual a veces revictimización de la persona.

La Asociación de las víctimas de violación informaron a más de 2.900 casos de violación en Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires durante el año. La ONG calcula que el 80 por ciento de esos casos se trataba de víctimas menores de 18 años. La organización no gubernamental señaló que estas cifras no incluyen las violaciones denunciadas directamente a los gobiernos municipales, provinciales y nacionales. Muchas violaciones no se denuncian por temor a más violencia, la venganza y el estigma social.

La ley prohíbe la violencia doméstica, incluyendo el abuso conyugal, a pesar de que define la violencia contra las mujeres como un delito menor, y las acciones se inician en la vida civil en lugar de los tribunales penales. Los jueces de familia tienen el derecho de impedir que un agresor de la casa de la víctima o el lugar de trabajo. La ley, sin embargo, establece penas para la violencia doméstica únicamente cuando se trata de delitos contra la integridad sexual, en cuyo caso la pena puede ser de hasta 20 años de prisión. Según las ONG locales, la falta de policía y vigilancia judicial llevado a menudo a la falta de protección a las víctimas.

La violencia doméstica contra las mujeres era un problema. En 2009, Amnistía Internacional informó de que una mujer murió cada tres días como consecuencia de la violencia doméstica. La organización de la sociedad civil La Casa del Encuentro informó que 282 mujeres murieron durante el año como resultado de la violencia doméstica o de género, un incremento del 8 por ciento en cifras de 2010. Aproximadamente un tercio de estos casos ocurrieron en Provincia de Buenos Aires. De estas muertes, el 56 por ciento involucró a un marido, novio o ex novio, por lo menos en 31 casos, la mujer había presentado una denuncia contra el agresor por violencia doméstica.

La Oficina de la Corte Suprema de Justicia de la violencia doméstica siempre alrededor del reloj de protección y los recursos a las víctimas de la violencia doméstica. La oficina recibió alrededor de 600 casos de violencia doméstica cada mes, se estima que el 60 por ciento de los cuales estaba implicada la violencia contra las mujeres. Aproximadamente el 54 por ciento de los casos se trataba de situaciones en las que la vida de la víctima estaba en peligro. La oficina también lleva a cabo evaluaciones de riesgo necesarias para obtener una orden de restricción.

El Ministerio de Justicia continuó operando unidades móviles para ayudar a las víctimas de violencia sexual y doméstica en la ciudad de Buenos Aires. Un servicio de la línea telefónica gratuita de la ciudad y la provincia de Buenos Aires ofrece consultas y reclamaciones recibidas.

Las instituciones públicas y privadas ofrecen programas de prevención y proporciona apoyo y tratamiento para mujeres maltratadas. El gobierno municipal de Buenos Aires operaba un pequeño refugio para mujeres maltratadas, sin embargo, son pocos los refugios existían otros.

Acoso Sexual : El acoso sexual en el sector público está prohibido por las leyes que imponen medidas disciplinarias o correctivas. En algunas jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, el acoso sexual puede conducir a la expulsión del agresor, mientras que en otros, como provincia de Santa Fe, la pena máxima es de cinco días de prisión.

Derechos Reproductivos : Las parejas y los individuos en general, tenía el derecho a decidir libremente el número y el espaciamiento y el momento de los niños, y tenía la información y los medios para hacerlo libre de discriminación, coerción y violencia. El acceso a la información sobre la anticoncepción, y la asistencia calificada durante el parto y posparto fueron ampliamente disponible. La ley obliga al gobierno a proporcionar anticonceptivos en forma gratuita, sin embargo, Human Rights Watch informó en abril que los materiales de control de la natalidad a menudo no estaban disponibles debido a “la falta de la compra y distribución” del gobierno en la práctica. Hombres y mujeres tienen igual acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.

Discriminación : Aunque las mujeres gozan de iguales derechos ante la ley, incluyendo los derechos de propiedad, continuaron siendo objeto de discriminación económica y ha mantenido un número desproporcionadamente alto de baja remuneración. Además, las mujeres celebraron una cantidad significativamente menor en puestos ejecutivos del sector privado que los hombres, según varios estudios. Se estimaba que las mujeres ganan aproximadamente un 40 por ciento menos que los hombres por trabajos similares o iguales, y sólo el 58 por ciento de participación en la fuerza laboral, en comparación con el 82 por ciento de los hombres.

Oficina de la Corte Suprema de la Mujer capacita a jueces, secretarios y empleados para hacer frente a los casos judiciales relacionados con la mujer, sino que también tiene por objeto garantizar la igualdad de acceso de las mujeres a posiciones en el sistema judicial.

Niños

Registro Universal de Nacimiento : El país siempre y registro universal de nacimiento y de la ciudadanía se deriva tanto por nacimiento dentro del territorio del país y de los padres de uno. Los padres tienen 40 días para registrar los nacimientos, y el Estado tiene otros 20 días para hacerlo. El Ministerio del Interior puede emitir certificados de nacimiento a los niños menores de 12 años cuyos nacimientos no han sido previamente registrados.

Abuso Infantil : El abuso infantil no era raro, por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica informó de que entre el 30 y el 35 por ciento de los casos recibidos por mes participan los niños.

Explotación Sexual de Niños : De acuerdo a las fuentes de los medios de comunicación, a unos 5.000 niños son reclutados cada año para la pornografía y el turismo sexual. La edad mínima de consentimiento sexual es 18 años. Hay una ley de estupro, con penas que van de tres a 15 años de prisión, dependiendo de la edad de la víctima. Además, independientemente de su edad, si un juez encuentra indicios de engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, o cualquier otra forma de intimidación o coerción, la pena mínima aumenta a 10 años.

Varios casos de abuso sexual infantil se registraron durante el año. Por ejemplo, en octubre, el Tribunal Oral de Tigre condenó a un sacerdote a nueve años de prisión por abusar sexualmente de cuatro niños entre las edades de 11 y 14 años.

La ley prohíbe la producción y distribución de pornografía infantil con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión. Si bien la ley no prohíbe la posesión de pornografía infantil por los individuos para su uso personal, que prevé sanciones que van desde cuatro meses a dos años de prisión por posesión con la intención de distribuir pornografía infantil. Además, la ley prevé penas que van desde un mes a tres años de prisión por facilitar el acceso a espectáculos o material pornográfico a menores de edad menores de 14 años.

Durante el año, los fiscales y agentes policiales investigaron casos de pornografía infantil en Internet. En mayo la policía federal realizó varios allanamientos en Buenos Aires como parte de una investigación internacional y detuvieron a 16 personas acusadas de tráfico de los medios de comunicación en una red de pornografía infantil internacional. La policía confiscó los dispositivos electrónicos que llevan más de 10.000 fotos de niños, sobre todo las edades de dos a 10, pero quedó en libertad a los delincuentes después de un interrogatorio por un juez nacional. Una investigación para determinar si los delincuentes distribuyen pornograph niño siguió al final del año.

El país es parte en el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Para más información ver el informe del Departamento de Estado sobre el cumplimiento en http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html .

Antisemitismo

La comunidad judía contaba con aproximadamente 250.000 miembros. Los actos esporádicos de la discriminación antisemita y el vandalismo continuado.La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) recibió 274 denuncias de antisemitismo durante el año 2010, lo que representa una disminución de 80 por ciento a partir de 2009. Una encuesta realizada por la Liga Anti-Difamación y la DAIA se encuentran “arraigados y generalizados” actitudes antisemitas. La mayoría de los encuestados indicaron que creían que Judios tenía demasiado poder en el mundo de los negocios y eran más leales a Israel que a la Argentina.

Los más frecuentes los incidentes antisemitas fueron pintadas, insultos verbales, y la profanación de cementerios judíos. En dos ocasiones los líderes judíos fueron asaltado verbalmente y físicamente fuera de las instituciones religiosas. Los dos ataques ocurrieron durante o alrededor de las fiestas judías.En un incidente aislado, separado, las autoridades de Buenos Aires rechazó un agente de la policía metropolitana después de que descubrieran los miembros del oficial en una organización de jóvenes anti-semita. La mayoría de las denuncias se presentaron en la Ciudad de Buenos Aires y la DAIA afirmó que los casos de las provincias era probable que se denuncia.

En junio las autoridades DAIA presentó una denuncia formal ante la División Anti-semitismo de la Plataforma de Acción contra el dirigente sindical Luis D’Elía para hacer declaraciones antisemitas. En una entrevista radial, D’Elía comentó sobre un caso judicial que involucraba Sergio Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo, llamando a Schoklender y otros objeto de investigación “compatriotas”. La DAIA denunció que D’Elia declaraciones fueron un intento de “desacreditar” Schoklender sobre la base de su origen judío. Un fiscal acusó a D’Elía por la presunta violación de la Ley contra la discriminación, y el caso seguía abierto a finales de año.

En mayo, la DAIA obtuvo una orden judicial contra Google requiere que su parada de motor de búsqueda que muestra enlaces a sitios web antisemitas. El juez ordenó a Google que retire los enlaces a dichos sitios y poner fin a toda forma de publicidad de ellos.

La investigación sobre el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un centro comunitario en Buenos Aires que mató a 85 personas continuó. Con la ayuda de la Interpol, el fiscal federal que investiga el caso continuó buscando la detención de ocho iraníes por su presunta participación en el atentado. En julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán notificó al gobierno de su interés en “cooperar” en la investigación. En septiembre, el presidente Fernández de Kirchner afirmó que el gobierno “no puede ni debe” rechazar la oferta de Irán de un diálogo, pero el gobierno de Irán no ha respondido públicamente a la declaración del presidente a finales de año.

Una investigación sobre un supuesto “encubrimiento” en el caso de la AMIA que involucra al ex presidente Carlos Menem y el ex juez federal Juan José Galeano continuó a finales de año.

El gobierno continuó apoyando el diálogo público para poner de relieve la discriminación del pasado y fomentar la tolerancia religiosa, incluyendo la celebración del Día de la Libertad de Religión.

La trata de personas

Vea el Departamento de Estado sobre la Trata de Personas en www.state.gov / j / punta .

Las personas con discapacidad

La Constitución y las leyes prohíben la discriminación contra las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual y mental en el empleo, la educación, el acceso a la atención de la salud, o la prestación de otros servicios públicos. Una ley específica también ordena el acceso a los edificios para las personas con discapacidad. Mientras que el gobierno federal tiene leyes de protección, muchos Estados no han adoptado las disposiciones legales y no tienen mecanismos para asegurar la ejecución. Una ley de cuotas de empleo se reserva un 4 por ciento de los empleos del gobierno federal para personas con discapacidad, pero las organizaciones no gubernamentales y grupos de intereses especiales reclamó la cuota a menudo no se respeta en la práctica.

Según el Ministerio de la Oficina de Trabajo de las Personas con Discapacidad, más de 12.000 personas con discapacidad han obtenido empleo a través de programas del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Buenos Aires a partir del 27 de mayo. Los programas incluyen varios beneficios para los trabajadores con discapacidad, como programas gratuitos de capacitación laboral.

Un patrón de instalaciones inadecuadas y malas condiciones continuaron en algunas instituciones de salud mental. Por ejemplo, el José T. Borda Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires se mantuvo en malas condiciones y no las necesidades básicas de los pacientes, de acuerdo con las organizaciones locales de derechos humanos e informes de prensa. En julio la Defensoría del Pueblo informó que el hospital carecía de suministro de gas, calefacción y agua caliente durante tres meses durante el invierno.

La Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, tiene la responsabilidad formal de las acciones para dar cabida a las personas con discapacidad.

Las acciones del gobierno para mejorar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad incluyen un programa que Provincia de Buenos Aires comenzó en septiembre de establecimiento de incentivos económicos para los municipios que contratan a personas con discapacidad para que sirvan como funcionarios públicos. El programa estipula que los municipios que participan en el programa recibirán un pago de subsidio del Ministerio provincial de Trabajo.

Los Pueblos Indígenas

La Constitución reconoce la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y los estados que el Congreso debe proteger el derecho a la educación bilingüe, reconocimiento de sus comunidades y la propiedad comunal de sus tierras ancestrales, y permitir su participación en la gestión de sus recursos naturales. En la práctica los pueblos indígenas no participaron plenamente en la gestión de sus tierras o recursos naturales, en parte debido a la responsabilidad de aplicar la ley se delega en las 23 provincias, sólo 11 de los cuales poseen constituciones que reconocen los derechos indígenas.

Aunque no existe un proceso formal para reconocer las tribus indígenas o determinar quién es un indígena, las comunidades indígenas pueden inscribirse con el gobierno provincial o federal, como las asociaciones cívicas.

Las estimaciones de la población indígena oscilaba entre 700.000 a 1,5 millones. Las tasas de pobreza eran superiores al promedio en las zonas con grandes poblaciones indígenas. Los pueblos indígenas tuvieron mayor que las tasas medias de analfabetismo, las enfermedades crónicas, y el desempleo.Las mujeres indígenas enfrentan una mayor discriminación por motivos de género y la situación económica reducida. La falta de maestros capacitados obstaculizado los esfuerzos gubernamentales para ofrecer oportunidades de educación bilingüe para los pueblos indígenas.

Por ejemplo, los pueblos indígenas en las provincias de Neuquén y Formosa seguía careciendo de una adecuada participación en las decisiones que afectan a sus tierras ancestrales, y en algunos casos, estas decisiones en peligro la salud y el bienestar de las comunidades indígenas. En abril, la CIDH ordenó al gobierno nacional para “garantizar la vida e integridad personal” tanto para las personas de los Paichil Antrio de Neuquén y el pueblo toba de Formosa, que había denunciado ser objeto de hostigamiento y despojados de sus tierras por parte de sus gobiernos provinciales durante varios años. El 16 de junio, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos emitió un informe sobre la situación de los derechos indígenas en Formosa, afirmando que muchas comunidades indígenas carecían de “derechos básicos”, tales como el acceso a los servicios de agua potable y la salud. En julio, el Observatorio de las ONG de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas informó que al menos 250 personas indígenas de Neuquén estaban siendo procesados ​​por los tribunales para defender sus tierras ancestrales.

A raíz de un conflicto violento en Formosa en noviembre de 2010, el grupo indígena Toba pidió al gobierno nacional para mediar una solución entre el grupo y las autoridades provinciales. El 30 de diciembre de 2010, las autoridades nacionales firmaron un acuerdo con los tobas en el que se comprometieron a supervisar la devolución de tierras ancestrales, proporcionar los documentos oficiales de identificación a los miembros de la comunidad, y asegurar la mínima las condiciones sanitarias y de seguridad. En los meses siguientes al acuerdo, el grupo toba y observadores de derechos humanos alegaron que el gobierno provincial no cumplió con los términos establecidos. Miembros de la comunidad, por su parte, llevó a cabo una huelga de hambre en el centro de Buenos Aires en señal de protesta. En mayo, el Ministro del Interior se reunió con los líderes del grupo y se comprometió a llevar a cabo estudios de la tierra, poniendo fin a la huelga de hambre y se dice que sofocar algunas de las preocupaciones de los grupos de derechos humanos y líderes comunitarios.Aunque continuaron las discusiones, no hubo avances conocidos en las encuestas de la tierra.

Abusos sociales, discriminación y actos de violencia por orientación sexual e identidad de género

Las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales operados libremente. Trabajaron en estrecha colaboración con las instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y las autoridades gubernamentales, sin interferencias.

No hubo discriminación oficial basada en la orientación sexual en el empleo, la vivienda, la apatridia, o el acceso a la educación oa la salud. Discriminación de la sociedad abierta en general, era poco común.

Tres provincias siguen teniendo leyes que penalizan el comportamiento sea transgénero o solo a personas del mismo sexo la actividad sexual cuando se refiere a la prostitución, sin embargo, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo informó de que estas leyes rara vez se aplicaban.

Otros actos de violencia social o discriminación

No hubo informes conocidos de violencia social contra las personas con VIH / SIDA, pero hubo informes esporádicos de discriminación contra las personas con la enfermedad. Por ejemplo, un estudio realizado por la Fundación Huésped informó que el 94 por ciento de las personas que viven con el VIH o el SIDA había sufrido al menos un caso de discriminación o estigmatización.

Sección 7. Derechos de los TrabajadoresCompartir

una. La libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva

Con algunas restricciones, la ley prevé todos los trabajadores el derecho a formar y afiliarse a los sindicatos “libres y democráticos, reconocidos por la inscripción en un registro especial”, y protege los derechos para llevar a cabo huelgas legales y de negociación colectiva. Personal de las fuerzas militares y de la ley se prohíbe a formar y afiliarse a sindicatos. La ley prohíbe la discriminación antisindical, y proporciona una amplia protección a los trabajadores contra el despido, suspensión, y cambios en las condiciones laborales. La ley prevé la reincorporación de trabajadores despedidos por actividades sindicales.

La ley permite a los sindicatos a registrarse sin autorización previa, y las organizaciones sindicales registrados pueden participar en ciertas actividades para representar a sus miembros, incluyendo una petición al gobierno y los empresarios, y la adopción de medidas de acción directa. Sin embargo, la ley otorga personería gremial a un solo sindicato considera el “más representativo” al sector industrial dentro de una región geográfica específica. Sólo los sindicatos como con el reconocimiento oficial recibirá fuero sindical para sus funcionarios, se les permite deducir directamente las cuotas sindicales, y puede negociar colectivamente. En febrero, la OIT expresó su preocupación con el gobierno con respecto a estas disposiciones de la ley.

La Central de Trabajadores Argentina (CTA) y otros grupos de trabajo no afiliados a la Confederación General del Trabajo continuó sostienen que el reconocimiento legal de un solo sindicato por sector en conflicto con las normas internacionales e impidió que estos sindicatos de la obtención de personalidad jurídica plena. A pesar de una sentencia del Tribunal Supremo de 2009 en favor de la CTA y otros sindicatos que buscan el reconocimiento legal formal, lo que requeriría cambios en la legislación vigente y la práctica, el Congreso no había modificado la legislación laboral, y el Poder Ejecutivo no había concedido este reconocimiento a la CTA en el año final. En febrero, la OIT reiteró la necesidad de modificar la legislación vigente y proporcionar a la CTA con el reconocimiento del Estado.

Los funcionarios públicos y trabajadores de servicios esenciales pueden hacer huelga sólo después de un proceso de conciliación obligatoria de 15 días, y están sujetos a la condición de indefinido “servicios mínimos” va a representar. Una vez que expire el término de conciliación, los funcionarios y trabajadores de servicios esenciales debe dar un preaviso de cinco días de antelación a la autoridad administrativa y la agencia pública que tienen la intención de huelga. Si “los servicios mínimos” no han sido previamente definidos en un acuerdo de negociación colectiva, todas las partes luego negociar los servicios mínimos que se seguirá prestando y un calendario para su disposición. La agencia pública, a su vez, debe dar aviso de dos días a los usuarios sobre la huelga prevista.

La ley establece los sindicatos con carácter oficial el derecho a negociar convenios colectivos, incluido el recurso a la conciliación y el arbitraje. Las gangas sindicales más representativas en nombre de todos los trabajadores y los convenios colectivos cubren tanto los miembros del sindicato y no miembros en el sector. La ley exige que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para ratificar los acuerdos de negociación colectiva.

El gobierno hizo cumplir estas leyes en la práctica. Los trabajadores ejercieron la libertad de asociación y el derecho de huelga. Las organizaciones de trabajadores eran independientes del gobierno y los partidos políticos. Los sindicatos, sin reconocimiento del estatus dirigente sindical por el gobierno (es decir, aquellos que no eran los “más representativos”) en su sector han logrado avances de afiliación dentro de los lugares de trabajo.

No hubo casos conocidos de retrasos significativos o apelaciones en el proceso de negociación colectiva. Durante el año, los trabajadores rurales negociaron con los líderes de negocios agrícolas un aumento salarial para todo el sector del 35 por ciento, sin embargo, el gobierno se negó a aprobar el convenio colectivo, lo que provocó las quejas del sindicato de trabajadores rurales y las amenazas a las carreteras del bloqueo. A finales de año el sindicato de trabajadores rurales presentó una denuncia solicitando la mediación judicial para resolver el conflicto.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, y el gobierno general se aplican esas leyes. Sin embargo, hubo algunos informes que el trabajo forzoso se produjeron en la práctica.

No se reportaron casos de explotación laboral, incluyendo el trabajo forzoso, de los ciudadanos argentinos, así como los trabajadores migrantes de Bolivia, Paraguay y Perú en talleres, almacenes de frutas y verduras, alimentos, agricultura, servicio doméstico y la venta de la calle. Las organizaciones internacionales reportó un aumento continuo de los niños no acompañados y adolescentes que son víctimas de explotación laboral.

La Oficina de Rescate y Asistencia a las Víctimas de los que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó de rescate de 638 víctimas de trabajo forzoso durante el año. A principios de septiembre, un tribunal federal en provincia de Buenos Aires dictó la convicción de la mano de obra por primera vez desde el tráfico de la aprobación de la ley de 2008. Un ciudadano boliviano y propietario de una fábrica que había contratado a tres mujeres bolivianas en virtud de las falsas promesas fue condenado a cuatro años de prisión.

Véase también el Departamento de Estado sobre la Trata de Personas en www.state.gov / j / punta .

c. Prohibición del Trabajo Infantil y Edad Mínima para el Empleo

La edad mínima para trabajar es de 16 años de edad. En casos excepcionales, la autoridad laboral correspondiente podrá autorizar a un niño menor de trabajar como parte de una unidad familiar. Los niños entre las edades de 16 y 18 años pueden trabajar en un número limitado de categorías de trabajo y por horas limitadas, siempre que hayan completado la escolaridad obligatoria, que normalmente termina a los 18 años. Los niños menores de 18 años no pueden ser contratados para realizar trabajos peligrosos, arduos o insalubres. En diciembre de esta prohibición se amplió para incluir los trabajadores rurales, así, y el Congreso aprobó una ley para modificar las condiciones de trabajo rurales. La ley exige a los empleadores a proporcionar una atención adecuada para los hijos de los trabajadores durante las horas de trabajo para desalentar el trabajo infantil.

Los gobiernos provinciales y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires son los responsables de la aplicación de la legislación laboral. Las sanciones penales por emplear a trabajadores menores de edad osciló entre 1.000 y 5.000 pesos ($ 240 a $ 1.200) para cada niño empleado. Violaciónes posteriores permitir a la autoridad laboral para cerrar la empresa durante un máximo de 10 días, y la compañía luego se impidió convertirse en un proveedor para el gobierno durante un año. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, había más de 96.000 inspecciones de trabajo durante el año. Sin embargo, no hay información disponible sobre los resultados de dichas inspecciones.

La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), siguió llevando a cabo seminarios con las 22 comisiones provinciales para la erradicación del trabajo infantil para capacitar a las autoridades provinciales encargadas de hacer cumplir las leyes laborales y la sensibilización sobre la explotación laboral infantil. Asimismo, siguió prestando asistencia técnica a las organizaciones no gubernamentales que abordan el trabajo infantil en los sectores del tabaco y la basura recogida. CONAETI también entrenó a miembros de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, y alentó la expansión de la red de “Jardines de Cosecha”, que proporciona varios centros de cuidado infantil para los niños en las zonas productoras de tabaco. En agosto, el primer “Jardín de la Cosecha” fuera del sector del tabaco se abrió en una zona de cultivo de la fresa.

El gobierno continuó sus Jefes de Hogar, iniciativa de una transferencia de dinero en efectivo y un programa de formación para el empleo, a los trabajadores en la economía informal. El gobierno incorporó 247 adultos en los Programa Jefes de Hogar durante el año. Además, como parte de la implementación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, CONAETI continuaron las actividades de sensibilización, tales como una campaña nacional contra el trabajo infantil forzado, identifican y se fortalecen los programas de acción directa para prevenir y combatir el trabajo infantil, y llevado a cabo cursos de capacitación para profesionales de la salud en el trabajo infantil.

El gobierno continuó con la ejecución del programa de Asignación Universal del Niño, un subsidio en efectivo otorgado a las familias con un máximo de cinco niños menores de 18 años de edad cuando uno de los padres está en el paro, es un trabajador no registrado gana menos del salario mínimo, o es un “trabajador independiente” trabajador que paga un impuesto de la pequeña empresa. El programa está dirigido a mejorar la nutrición infantil, el aumento de la asistencia escolar y reducir el trabajo infantil, ya que las familias deben demostrar los niños a la escuela y recibió las vacunas con el fin de cobrar el subsidio mensual. De acuerdo con UNICEF, 3,6 millones de personas se benefician de la indemnización.

El trabajo infantil persiste en la práctica. Una encuesta del gobierno reveló que el 2004 se estima que 450.000 niños estaban trabajando, o 7 por ciento de los niños entre las edades de cinco y 13 años y 20 por ciento de los niños mayores de 14 años de edad. En las zonas rurales los niños trabajan en la familia y de terceros las fincas productoras de bienes tales como arándanos, algodón, ajo, uvas, aceitunas, fresas, tabaco, tomate y yerba mate. Los niños que trabajan en el sector de la agricultura a menudo manejan los plaguicidas sin la protección adecuada. En las zonas urbanas algunos niños que trabajan en el servicio doméstico y trabajó en la calle vendiendo productos, limpiando zapatos, y el reciclaje de basura. Según fuentes del gobierno, algunos niños trabajan en el sector manufacturero la producción de bienes tales como ladrillos, cerillas, fuegos artificiales y prendas de vestir. Los niños también fueron encontrados trabajando en los sectores de minería, pesca y construcción.

Véase también el Departamento de Trabajo de conclusiones sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil en www.dol.gov / ILAB / programas / ocft / tda.htm .

d. Condiciones aceptables de trabajo

El gobierno aumentó el salario mínimo mensual para la mayoría de los trabajadores en septiembre a 2.300 pesos (550 dólares). Esto superó la cantidad de 1.386 pesos (324 dólares) al mes que el Censo Nacional y el Instituto de Estadística calculó que se necesitaba por una familia de cuatro se mantendrá por encima del umbral de pobreza.

Ley Federal del Trabajo establece los estándares en las áreas de salud, la seguridad, y las horas. La jornada de trabajo máxima es de ocho horas, y la semana laboral máxima es de 48 horas. Pago de horas extra es necesario para las horas trabajadas en exceso de estos límites. La ley establece períodos mínimos de descanso, lo que requiere un mínimo de 12 horas de descanso para comenzar un nuevo día de trabajo. Los domingos son días de fiesta, y los requeridos para trabajar los domingos se les paga doble. Vacaciones pagadas son obligatorios para todos los trabajadores por un mínimo de 14 días y un máximo de 35 días, dependiendo de la duración de su servicio.

La ley establece las primas por horas extras, añadiendo un extra de 50 por ciento de la tarifa por hora en los días ordinarios y 100 por ciento en las tardes de los sábados, domingos y días festivos. Los empleados no pueden ser obligados a trabajar horas extras a menos paro o correría el riesgo de causar lesiones, la necesidad de tiempo extra es causada por un acto de Dios, o por otras razones excepcionales que afecten a la economía nacional o “situaciones excepcionales e imprevisibles” que afectan a las empresas producen. Los trabajadores tienen derecho a retirarse de situaciones de trabajo peligrosas o insalubres, sin poner en peligro su continuidad laboral. Sin embargo, los trabajadores que abandonan el lugar de trabajo antes de que se ha demostrado el riesgo seguro de ser despedido, en cuyo caso, el trabajador tiene derecho a un recurso judicial, pero el proceso fue muy largo por lo general.

La ley exige a los empleadores a asegurar a sus empleados contra accidentes en el trabajo y cuando se viaja al trabajo y viceversa. La ley requiere que los empleadores ya sea un seguro a través de una entidad de seguro de riesgo de trabajo o proporcionar su propio seguro a los empleados para cumplir con los requisitos especificados establecidos por el regulador nacional de seguros.

Los empleados domésticos, trabajadores rurales, los trabajadores libres lanza, y el cuerpo de bomberos voluntarios están excluidos de las disposiciones anteriores en materia de salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional. La ley incluye un salario mínimo por separado y los reglamentos por hora para los empleados domésticos y los trabajadores rurales.

Las leyes que rigen las condiciones aceptables de trabajo no se aplicaban universalmente, en particular para los trabajadores del sector informal. El Ministerio de Trabajo tenía la responsabilidad de hacer cumplir la legislación relativa a las condiciones de trabajo. El ministerio continuó inspecciones para lograr que las empresas registren a sus trabajadores informales. Durante el año el gobierno aumentó las inspecciones de trabajo para detectar el trabajo no registrado u obligatorio, sobre todo en las zonas rurales. El Ministerio de Trabajo informó que sus 479 inspectores de trabajo realizaron más de 96.000 inspecciones durante el año. Sin embargo, la información no estaba disponible en relación con las irregularidades encontradas por los inspectores y las multas o sanciones impuestas. Según un estudio de la OIT de 2007, el 60 por ciento de los empleados entre 15 y 24 se dedicaban a la mano de obra informal. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es el organismo de aplicación para vigilar el cumplimiento de las leyes de salud y seguridad y las actividades de las compañías de seguros de riesgos laborales.

En la práctica, la mayoría de los trabajadores en el sector formal ganaron significativamente más que el salario mínimo. En términos generales, el salario mínimo sirve para marcar el mínimo de pago de un trabajador informal debe conseguir, a pesar de los salarios de los trabajadores formales era por lo general más alto. Los principales accidentes laborales se produjeron en los sectores de la construcción, el transporte y la agricultura. De acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, hubo 61,6 muertes de trabajadores por cada millón de trabajadores. Agricultura registró 184,6 por millón de trabajadores, la construcción tuvo 196,7 por millón, y el transporte tenía 157,2 por millón. Durante el año, el gobierno intensificó las inspecciones de trabajo en las zonas rurales y se identificaron 797 víctimas de explotación laboral, de acuerdo con la Oficina de Rescate, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La mayoría de los casos reflejan un patrón similar: las víctimas habían sido privados de sus documentos, vivían en viviendas precarias, sin electricidad ni agua, carecían de servicios sanitarios, con experiencia y las deducciones de pago para el costo de la ropa y los alimentos.

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