Fortalecer las ONG’s es crear más democracia
Un artículo publicado en La Nación de Carlos March (07.01.2016)
El nuevo gobierno tiene la oportunidad de impulsar las medidas que reclaman las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan para el bien común y han estado a la intemperie de las normas y las políticas públicas
A más de treinta años de recuperada la democracia, las organizaciones de la sociedad civil se construyeron a pesar de los gobiernos, dadas la miopía del gobierno de Alfonsín para identificar el valor que agregan, el cinismo de la gestión de Menem para ignorarlas y la perversidad del kirchnerismo para alinearlas.
Los partidos políticos aseguran al sistema democrático pluralidad de ideas mientras que las organizaciones sociales garantizan diversidad de causas; el dirigente político suma una mirada generalista sobre los problemas de la sociedad, al tiempo que los dirigentes sociales aportan especificidad; mientras que desde el Estado sólo se puede hacer lo que está normado, desde la sociedad civil se puede hacer todo lo que no está prohibido; el sistema de partidos genera militancia política, mientras que las organizaciones sociales cobijan voluntariado cívico; el sistema de representación disputa poder mientras que la sociedad civil lo interpela.
Los partidos políticos y las organizaciones sociales son complementarios en la creación, producción, administración, distribución y cuidado de los bienes públicos. Sin embargo, mientras que los primeros cuentan con un claro y definido régimen regulatorio y de financiamiento, las entidades de la sociedad civil están a la intemperie de las normas y políticas públicas. Es una asimetría que feudaliza la democracia.
Las prácticas empleadas hasta el momento por los diversos gobiernos, lejos de consolidar a las organizaciones de la sociedad civil, las han sometido a la discrecionalidad de los subsidios a cambio de obediencia; a la restricción de beneficios fiscales para perjudicar el fomento de la filantropía; a la negación de marcos legales que faciliten su formalización; al perverso posicionamiento instrumentado desde Cancillería que aleja al país del foco de la cooperación internacional; a la utilización de los medios de comunicación estatales para difamar a las organizaciones con informes amañados; a la suspensión de entidades de los registros públicos para condenarlas a la clandestinidad; a la utilización de las fuerzas de seguridad para infiltrar agencias de noticias para obtener información sobre los movimientos sociales o para atesorar perfiles de dirigentes sociales en bases de información.
Los datos sobre las organizaciones de la sociedad civil argentina son incompletos y desactualizados. Según la AFIP, en 2011 existían 3722 asociaciones civiles y 3915 fundaciones inscriptas en el padrón de entidades civiles exentas del impuesto a las ganancias, frente a las 80 mil organizaciones sociales que se calcula que existen. Es decir, solo el 10% está formalizada y accede a beneficios fiscales.
Pero todas las organizaciones -formalizadas o no- operan en un contexto hostil. Se carece de un marco normativo, impositivo y laboral pensado para la diversidad de organizaciones y movimientos sociales y la particularidad de sus modelos de financiamiento. Existen superposición de controles y vacíos legales que someten a las organizaciones a sanciones y acciones legales.
La informalidad priva a las entidades sin fines de lucro, entre otras cosas, de contar con exenciones impositivas, recibir subsidios del Estado o donaciones y abrir una cuenta bancaria. Por eso es necesario que la reglamentación de la figura de simple asociación responda a la simpleza necesaria que permita formalizar a esa gran masa crítica de actores sociales -en su mayoría con gran trabajo en los segmentos menos favorecidos- condenada a operar sin reconocimiento legal ni beneficios fiscales.
Reformar la ley del impuesto a las ganancias, que permite deducir donaciones orientadas a beneficiar a los partidos políticos pero impide desgravar si se dona a un comedor comunitario; eximir a las organizaciones sociales del impuesto a los débitos bancarios; articular a los organismos de control como la IGJ, la AFIP y la UIF para que las entidades de la sociedad civil aporten información de manera coordinada y no superpuesta son algunas de las tareas pendientes.
Es imprescindible definir criterios universales y públicos para el acceso de las organizaciones a los recursos públicos, sea a través de subsidios u otro tipo de mecanismo, para evitar que las entidades se conviertan en ministerios paralelos, como hizo el Ministerio de Planificación con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, poniendo millones de pesos del presupuesto público en manos de los hermanos Schoklender, hoy investigados por la Justicia.
Es fundamental revisar las normativas para evitar el abuso de poder, como el que aplicó el gobierno kirchnerista sobre tres organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los consumidores, como lo son Consumidores Libres, la Unión de Consumidores de Argentina y Adecua, puestas al borde de su desaparición a partir de una cuestionada resolución de la Secretaría de Comercio que habilita al propio organismo a suspender del registro de entidades a aquellas organizaciones que deben controlar las políticas públicas que de allí emanan.
Cancillería debería ser un puente entre las organizaciones sociales y la cooperación internacional, pues buena parte de la agenda cívica, sobre todo la centrada en los derechos humanos, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la institucionalidad, obtiene sus recursos únicamente por la vía exterior.
Es imperioso que el nuevo gobierno termine con prácticas propias del terrorismo de Estado. Entre ellas, el espionaje interno, la infiltración de miembros de los organismos de seguridad, como el policía federal Américo Balbuena como falso periodista de la agencia de noticias Rodolfo Walsh con el objetivo de obtener información sobre los movimientos sociales; o el recabar datos de manera poco clara y con objetivos bien oscuros, como investiga la Justicia al denominado Proyecto X, que reúne datos de dirigentes sociales en una base administrada por Gendarmería Nacional.
Es una interesante oportunidad para que las nuevas autoridades terminen con la negación de la libertad de expresión y la denegación de acceso a la información pública, y promuevan la plena aplicación de la ley de medios audiovisuales adjudicando señales de radio y televisión a organizaciones de la sociedad civil; fijen pautas claras y públicas para el destino de los recursos públicos de la propaganda oficial. También, se debe impulsar la ley de acceso a la información pública, pues negar el derecho a la información es negar el acceso a la democracia.
La flamante gestión que encabeza Mauricio Macri tiene la oportunidad de impulsar las medidas que las organizaciones de la sociedad civil reclaman históricamente. Referentes de su gobierno, como Marcos Peña, quien dio sus primeros pasos cívicos en Poder Ciudadano y CIPPEC o María Eugenia Vidal, quien fuera directora ejecutiva de Grupo Sophia -por citar los dos casos más encumbrados- podrían liderar desde la voluntad política la transformación que las organizaciones sociales necesitan. Sería deseable que la expectativa del presente no se transforme en la frustración del futuro.