Investigar el Tráfico de Bebés

Diario La Nación. Editorial 15 03.2010

En marzo último, nos referíamos en esta columna editorial al infame tráfico que se genera con bebes recién nacidos, cuyos padres los ceden para que sean registrados a nombre de adoptantes irregulares o adquirentes de esas desprotegidas criaturas.

Hoy debemos volver sobre ese tema. Semanas atrás, una investigación periodística determinó que en la población de Añatuya, distante 200 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, se calculaba que en los últimos diez años se habían producido varios miles de adopciones de niños en estas circunstancias.

Si bien la cifra puede sonar ciertamente exagerada para los que conocen bien esta localidad, una de las más pobres de la provincia, porque su población normal apenas alcanza a los 20.000 habitantes, la denuncia no deja de tener visos de realidad. Es más: hace un año y medio, se hizo una denuncia parecida también en un programa de investigación y por la televisión de aire, en la ciudad de Buenos Aires.

En Añatuya, el 65 por ciento de las personas está desocupada; los niveles de desnutrición son muy altos, un 30 por ciento de la población es analfabeta y una familia come carne sólo una vez por mes. A pesar de la pobreza extrema y preocupante del lugar, hay casos de madres adolescentes desde los 13 años, que llegan a tener de 6 a 9 hijos. Y, como ocurre en casi toda la provincia, se dan muchos casos en que esos niños no son anotados en el Registro Civil y los censos poblacionales casi nunca llegan a esos parajes perdidos.

De acuerdo con la denuncia de la Fundación Adoptar -proporcionó las cifras en cuestión que repitieron las ya mencionadas investigaciones periodísticas-, ésas serían las razones por las cuales fue elegida esta localidad para montar una cadena de la que participarían hospitales, juzgados, asesorías y hasta defensorías de menores, destinada a facilitar la “compra” de bebes en el mejor de los casos para su adopción, pero cuyos verdaderos fines se ignoran, sin descartarse la venta de órganos, la prostitución o la comercialización al extranjero.

Como ya se dijo, aparentemente de cada 10 nacimientos sólo se registra un 30 o un 40 por ciento; entonces, como los niños están indocumentados, el eventual comprador llega, se instala en un hotel, completa el operativo “adquisición”, inscribe al niño a su nombre y se vuelve con el menor con DNI y partida de nacimiento legal.

No se puede ignorar que el drama de la venta de bebes no es patrimonio de Añatuya, sino que se extiende a toda la provincia. En realidad, ocurre en todo el norte argentino: en Formosa, Salta y Tucumán, a poco de salir de las capitales, la pobreza comienza a cobrarse víctimas en los más indefensos, ya sea por muerte por desnutrición o por la vía de estas “adopciones” que abren un vacío en torno a su existencia real y legal.

Este fenómeno, inaceptable para una sociedad como la argentina, ha encontrado en la provincia de Buenos Aires a profesionales dispuestos a elaborar propuestas y sugerir ideas para combatir este delito aberrante. Justamente, fue sobre la iniciativa del Grupo de Trabajo sobre Tráfico y Trata de Personas y su sistema de emisión de certificados de parto que trató el editorial publicado en marzo último, “Iniciativa contra el tráfico de bebes”.

Ni el Estado nacional ni los provinciales pueden dejar de tomar cartas en este triste asunto. De ser ciertas las denuncias formuladas, independientemente de si las cifras son las correctas o no lo son, se estaría frente a esta forma de esclavizar niños que ninguna nación civilizada puede admitir, que exige ser combatida en sus causas y en sus efectos. Pero, como en muchos otros casos de nuestra vida en comunidad, es necesaria la decisión política de nuestros máximos dirigentes para perseguir penalmente a todos los involucrados en este despreciable tráfico de personas.