Compra-venta de bebés, tercera industria ilegal (O.I.T.)

Tiempo Argentino

Publicado el 22 de Mayo de 2011

Para la OIT, la trata de personas es la tercera actividad ilegal del mundo, despues de la venta de armas y el narcotrafico

Por Jimena Segura

El II Congreso contra la Trata y Tráfico de Personas realizado en Villa María, Córdoba, remarcó las limitaciones de la ley. Números escalofriantes de una práctica nefasta de alcance mundial que incluye prostitución, trabajo infantil y adopciones.

La trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado en forma alarmante en los últimos años. Un informe de Unicef estima que el 50% de la trata de personas mundial son niños y adolescentes, y define a la trata como el reclutamiento, traslado y venta de seres humanos dentro o fuera de las fronteras con fines de explotación laboral, sexual, o a fines de lucrar mediante la adopción irregular, entre otros tantos destinos.

En su documento “Globalización y crimen organizado”, Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia, afirma que “los fenómenos criminales de mercado y especialmente las prohibiciones penales que pretenden prevenirlos o erradicarlos, no se pueden analizar sin tomar en cuenta su dimensión económica”, en tanto que sería ella la que explica su propia existencia, al inyectar grandes sumas de dinero a mercados que en muchas ocasiones ofrecen mayores ganancias en menos tiempo. Factor que adquiere una mayor relevancia en el marco de una raquítica recuperación económica mundial luego de la crisis de 2008.  La Organización Internacional del Trabajo estima que la trata de personas es la tercera actividad ilegal más lucrativa en el mundo, luego de la venta de armas y el narcotráfico, con ingresos anuales de aproximadamente 32 mil millones de dólares, de los cuales el 85% provendría del comercio sexual. Aunque no hay cifras exactas, la OIT calcula que entre 980 mil y 1.250.000 de niños se encuentran en una situación de trabajo forzoso debido a la trata.

Con motivo del II Congreso Nacional del Interior contra la Trata y Tráfico de Personas celebrado la semana pasada en Villa María, Córdoba, numerosas organizaciones realizaron una declaración conjunta a fines de avanzar en las denuncias y reclamos correspondientes a esta problemática en particular.

En ella se remarca, entre otras cosas, las limitaciones de la ley existente sobres trata de personas, y el hecho de que de 2000 personas rescatadas por las autoridades, tan sólo cerca de 20 causas han obtenido sentencias condenatorias con penas muy bajas, y sin que se haya condenado a funcionario público alguno. Esta cuestión es significativa teniendo en cuenta lo argumentado por Zaffaroni, en que el propio poder del capital invertido en actividades criminales no sólo debilita la capacidad de control del Estado, sino que “corrompe sus instituciones”.

FÁBRICA DE BEBÉS. “La Argentina está dividida en tres zonas, o sectores, que llamamos fábricas de bebés.” Estas crudas palabras son de Julio César Ruiz, presidente de la Fundación Adoptar, que en diálogo con Tiempo Argentino explicó que “la primera de estas zonas en importancia la componen las provincias del nordeste del país, como Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y norte de Santa Fe. La segunda está administrada por bandas que operan al sudeste de la provincia de Santiago del Estero, cuya cabecera delictiva está radicada en Añatuya. La tercera, en menor cantidad, es la conformada por las provincias aledañas a la cordillera de los Andes.”

En Añatuya, donde fuera obispo monseñor Baseotto, expulsado de su función de capellán de las Fuerzas Armadas, en 2005, a partir de las declaraciones contra el entonces ministro de Salud, Ginés García, por su apoyo a la despenalización del aborto, afirma Ruiz que esta actividad ilegal es controlada por las monjas, curas, médicos, parteras, directores de hospitales, de registros civiles, jueces de paz y políticos que conforman diferentes bandas organizadas a tal fin. El documental Historia de una búsqueda, de Alejandra Sarmiento, y realizado con el apoyo de Caritas Internationalis, devela las denuncias existentes, que expresan que a algunas madres de la zona les pagan con una bolsa de víveres o materiales para la construcción de sus viviendas a cambio de sus hijos.

Es en este contexto, que el año pasado fuera aceptada la renuncia de la jueza santiagueña Nilda Tammer, quien se encontraba a cargo del Juzgado de Familia de La Banda y está siendo acusada ella misma por tráfico de bebés.

Según la Fundación Adoptar la minoría de esos niños, ya sea sustraídos o inducidos a la adopción, son vendidos a familias adoptivas de la Argentina, mientras que, favorecidos por el tipo de cambio, la mayoría son destinados a familias de Europa, especialmente España y Alemania, en donde se venden aproximadamente a 80 mil euros. Otra gran parte de los infantes “van a parar a sectores más beneficiosos económicamente como es la industria de la pornografía infantil, la prostitución, la mendicidad y el tráfico de órganos.”

PODER ADOPTAR. La adopción en la Argentina está regida por la Ley 24.779 que expresa que los trámites son gratuitos y personales. Pero luego de la primera etapa que incluye la inscripción en el registro de aspirantes y el otorgamiento de la guarda provisoria con fines de adopción, debe ser presentado ante el juzgado la carpeta con la evaluación psicológica y la solicitación de adopción por parte de los interesados. La carpeta, según la provincia, puede ser realizada por el juzgado de forma gratuita o por abogados y ONG’s que, a cambio, cobran honorarios o comisiones. Muchas de estas organizaciones están sustentadas por lo que se llama “adopción directa” o “guardas puestas”. Esta acción consiste en la posibilidad de que las madres biológicas entreguen a sus hijos a otras familias elegidas por ellas y que el juez a cargo debe aceptar. Existe el cuestionamiento de que estos intermediarios que captan a madres dispuestas a dar en adopción y realizan el vínculo a cambio de un costo, encubran el ilegal lucro de la venta de niños, así como también el clientelismo de ciertos jueces, con el perverso resultado de que la capacidad económica sea determinante en que la adopción se obtenga con mayor seguridad y rapidez.

De esta forma la Fundación Adoptar estima que es mínimo el porcentaje de adopciones que se realiza mediante la vía legal, a partir de que la existencia de un mercado negro que obstaculiza la cantidad de niños que llegan de forma transparente a los juzgados en condiciones de ser adoptados. Los largos tiempos de espera y las dificultades de adopción bien pueden ser la conclusión de la presencia de este negocio. Este sería un ejemplo, poco afín a la ortodoxia económica, donde el mercado existe y se sostiene desde la propia ilegalidad, mientras que el marco legal de realización de un acto socialmente beneficioso se ve obstaculizado.

Fuente: Tiempo Argentino

https://tiempo.elargentino.com/notas/para-oit-trata-de-personas-es-tercera-actividad-ilegal-del-mundo

 

 

 

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