Los apropiados ocultados
En el año 2008, durante un Congreso en Mendoza, dije que los buscadores de identidad debieran juntarse, cómo única manera de salir, de este pozo donde están metidos, embadurnados por un desasosiego, y lamentándose, sin solución de continuidad, de no saber quiénes son.
Desde hace más de 70 años, soportan el padecimiento de sus búsquedas artesanales, sin ningún tipo de colaboración del Gobierno Nacional, por el contrario, permanentemente obstaculizados, escondidos, impedidos, con la clara voluntad política, de que no se sepa, cuestión que se mantiene durante los gobiernos de todos los colores.
Los buscadores no tienen el deber de soportar tamaño delito, sino hacer responsables al Estado Nacional Argentino como su mentor, facilitador, cómplice, o el calificativo que les corresponda jurídicamente, al cual, debe recaerle la culpa, tanto civil como penal.
Si el Gobierno Nacional, a través de sus funcionarios, utilizó o permitió el uso de sus organismos públicos, como registros civiles, hospitales, escribanías, sellos, formularios, protocolos, etc. para modificar la identidad de las personas, debe buscar el origen biológico de cada uno de ellos, y si no lo hace, o no los encuentra, debe resarcirlos económicamente por ese delito, con dinero, único modo que tiene el Derecho, para restablecer el desequilibrio que provoca un acto anti jurídico.
Todos los juicios “exitosos” de los 104 nietos aparecidos de Carlotto, prueban por sí mismo, que las apropiaciones de personas, en la Argentina, han creado jurisprudencia y son delitos de lesa humanidad, razón por la cual, entre otras cosas, no prescriben.
Aunque no se sabe con exactitud, pero se calcula que existen más de 3.500.000 nacidos en la Argentina, también repartidos por el mundo, que buscan su verdadera identidad de origen.
A semejante cifras de seres humanos sin identidad, hay que sumarles, sus hijos y sus nietos, a los cuales también se les birló ese derecho humano básico, troncal de su principio, con todos los riesgos, incluso de salud y de vida que desconocer la procedencia supone.
Hasta acá, los buscadores de la verdadera identidad de origen, han logrado que los particulares, les tengan una mezcla de compasión con ironía, cuando los miran con curiosidad, diciéndoles, “pobres, tan grandes y todavía buscan a su mamá”.
Cuando les plantean al gobierno su derechos a saber este derecho, los funcionarios de todos los rangos, miran para un costado, dan las espaldas y se hacen los boludos.
En la Argentina, lo únicos derechos humanos que este gobierno ha reconocido y esgrime en exclusividad, son los desaparecidos de Bonafini y los bebés apropiados de Carlotto, lo que inexorablemente, ha demostrado, que en nuestro país hay “hijos, nietos y entenados”.
Es interesante, observar, dos aspectos de la realidad que, exitosamente, sobre Derechos Humanos en nuestro país, hasta ahora, han logrado mostrar:
1) Ingresó hace unos días una denuncia penal en el Juzgado a cargo de Oyarbide, sobre las presuntas irregularidades cometidas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, cuya presentación, exige la investigación sobre la veracidad de los estudios de ADN de los nietos recuperados por las Abuelas.
2) A más que esto sea tan sólo una cuestión política, o que este Juzgado nunca investigue nada inherente a este tema, lo que representa un símbolo, no es que se quiera colocar en tela de juicio, las verdaderas identidades de estos 104 nietos “encontrados” sino los resarcimientos millonarios que recibieron cada uno de ellos, por el “padecimiento” de haber sufrido la “apropiación” y “la modificación de identidad” en la trágica etapa del proceso militar que enlutó al país.
Escribió Julio César Ruiz